Pese a que algunos de sus artículos son prácticamente idénticos a otros del texto catalán, impugnado ante el TC, los gobiernos autonómicos se han puesto manos a la obra sin esperar la sentencia que próximamente hará pública el alto tribunal sobre la constitucionalidad del Estatut.
Sin embargo, según fuentes de los ejecutivos autonómicos afectados, algunas comunidades como Aragón, Cataluña y Castilla y León creen que, pese a ello, el Gobierno central está paralizando los traspasos y no pone en marcha los mecanismos previstos para profundizar en el autogobierno.
Por el contrario, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, considera que el desarrollo “está siendo positivo y se está produciendo a buen ritmo”.
En declaraciones a Efe, Zarrías destacó la colaboración entre las administraciones, que fortalece el Estado de las Autonomías y moderniza los gobiernos autonómicos, lo que redunda en beneficio de los ciudadanos.
Zarrías se ha referido a los “notables avances” en el proceso de los Estatutos reformados y al “descenso notable” en la conflictividad entre el Estado y las comunidades, lo que ha atribuido a que el diálogo “está funcionando”.
La primera reforma de Estatuto aprobada en las Cortes fue la de la Comunidad Valenciana, que entró en vigor en abril de 2006, y desde entonces se aprobaron once leyes, como la del Régimen Económico Matrimonial o la de Renta garantizada de ciudadanía, y dos decretos-leyes, sobre fomento de la vivienda y créditos extraordinarios para dotar planes contra la crisis económica.
El nuevo Estatuto ha permitido crear varias comisiones y el Observatorio de derecho civil valenciano; se ha avanzado en el desarrollo de derecho foral y se trabaja en la elaboración de cinco leyes relacionadas con el Estatuto, como la de Sucesiones.
La Generalitat estudia la asunción de competencias en asuntos como la titularidad de lo trenes de cercanías, la gestión de puertos y aeropuertos, la creación de juzgados o la inmigración.
Asegura que “en absoluto” les condiciona lo que pueda ocurrir con los recursos contra el Estatuto de Cataluña y recuerda que ante las impugnaciones de Aragón y Castilla-La Mancha contra el suyo, el Constitucional resolvió a su favor.
El Estado y la Generalitat de Cataluña han celebrado seis comisiones bilaterales desde que el 9 de agosto de 2006 entró en vigor el nuevo Estatut. Ello se ha traducido en nueve acuerdos de traspasos, la gestión del Hospital Clínico de Barcelona o la ordenación y gestión del litoral, entre otras.
