Un total de 14 de los 18 acusados por la denominada ‘Operación Halcón’ acordaron ayer con la Fiscalía una reducción de la condena tras admitir su participación en la trama de las facturas falsas para desgravarse impuestos de manera ilegal a través de empresas pantallas ubicadas en la sierra de Cádiz hace más de una década. Su investigación destapó la ya juzgada ‘Operación Karlos’.
En el primer día del juicio, que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Jerez, el tribunal acabó rechazando tras un breve receso las cuestiones previas planteadas por las defensas acerca de la vulneración del secreto de comunicaciones y del principio acusatorio, así como la indefensión alegada por varios abogados por las limitaciones y los escasos medios del turno de oficio.No obstante, sí estimó el tribunal la cuestión relacionada con la “excepción de la cosa juzgada”, en relación a un acusado que ya había sido juzgado por estos hechos y que acabó abandonando la sala con su abogado tras serle retirados los cargos. A continuación, los 14 procesados que aceptaron pactar con el Ministerio Público mostraron su conformidad con las acusaciones del fiscal y solo contestaron a sus preguntas y a las del abogado del Estado.
El primero en hacerlo fue el que está considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama y exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, ya en libertad tras haber cumplido condena de cárcel por la ‘Operación Karlos’-quien reconoció “en su integridad” los tres delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo. El exjefe de la Policía Local de Ubrique admitía así la creación de un entramado de empresas ficticias y sin actividad que emitía presuntamente facturas falsas por las que “cobraba comisiones”.
Al igual que él, su pareja, a quien el fiscal veía como la “verdadera lugarteniente” del mismo en estas actividades como “encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas”, también admitió los hechos. Ella relató ayer que ejercía como “administrativa” de las distintas empresas de este entramado, la mayoría de ellas dedicadas al sector de la marroquinería.
En ambos casos, según precisa el abogado de ambos, Alfredo Velloso, la atenuante de dilaciones indebidas -la investigación se remonta al año 2000- y el acuerdo con el Ministerio Fiscal, se traducirá en una rebaja “importante” y bastante sustancial de las penas de prisión, que inicialmente ascendían a 36 años de cárcel entre los dos principales acusados. Más complicado lo tiene Carretero a la hora de pagar la responsabilidad civil, que en su caso asciende a 600.000 euros, de los cuales ya ha satisfecho cerca de 400.000 en concepto de embargo de propiedades y vehículos, precisa Velloso.
Facturas en blanco y regalos de entre "200 y 500 euros"
De la misma forma, los otros 12 imputados también aceptaron el acuerdo con la Fiscalía reconociendo su papel en la emisión de facturas falsas y la participación en una organización ilícita para defraudar a Hacienda, llegando alguno de ellos a firmar “facturas en blanco” a cambio de regalos de entre “200 a 500 euros”. La vista se reanuda hoy con la declaración de los cuatro procesados que no han aceptado el acuerdo con Fiscalía y la práctica de pruebas, que se reducen considerablemente al igual que el número de testigos, estimándose el 8 ó 9 de marzo para la finalización de un juicio que estaba señalado inicialmente hasta el día 23. Tras el acuerdo, el resto de procesados no tendrán que volver al banquillo hasta la última sesión.
La Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular, alertó en su día de un supuesto “negocio” vinculado a la economía sumergida que consistía en la presunta comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal.Esta práctica causó a las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades.
Según la Fiscalía, para tal fin utilizó a un grupo de personas que, por hallarse en situación de precariedad económica o por mantener relaciones de parentesco o amistad, accedieron a figurar como titulares de las empresas ficticias que Carretero fue constituyendo a tales efectos y a firmar las facturas igualmente ficticias que les iba entregando, a cambio bien de una magra remuneración bien de la obtención ilegal, por procedimientos fraudulentos, de pensiones de la Seguridad Social.
Comprar empresas “como lavadoras”
La aparente serenidad de Carretero, que lleva poco tiempo fuera de Puerto III tras cumplir la condena de cuatro años de cárcel por la ‘Operación Karlos’, contrastaba ayer con los nervios y la actitud en muchos casos incluso sumisa que mostraba el resto de los procesados, más pendientes del gesto que les hiciera su abogado que del tribunal. En algunos casos la propia presidenta del tribunal, Lourdes Marín, tuvo que pedir a una de las acusadas que se sentara y se “tranquilizara” al no poder parar de llorar. Otros fueron tajantes. “Caí en una trampa”, dijo uno de ellos, cuando se le atribuyó la compra de una empresa que no tenía actividad. Lo reconoció pero aseguró que no tenía “ni puta idea” de por qué hizo esta operación. “Pero una empresa no se compra todos los días; usted no compra empresas como lavadoras, ¿no?Alguna razón habría”, le llegó a preguntar en varias ocasiones la magistrada ante su reacción a este acusado.
