Margarita Del Cid, Secretaria del PP Málaga y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Torremolinos y Patricia Navarro, Parlamentaria Andaluza del Partido Popular, lo dejaron muy claro en la rueda de prensa ofrecida en Torremolinos: “El Impuesto de Sucesiones es una injusticia que se está cometiendo por parte del Partido Socialista en Andalucía que se mantiene a lo largo de los años y que se ha convertido en un impuesto confiscatorio”.
Un impuesto que ha hecho que el Partido Popular tenga que salir a la calle en busca de firmas para poder presionar a Susana Díaz a que busque una solución lo antes posible, y que de una vez por todas los andaluces dejen de ser los más perjudicados. A día de hoy son más de 130.000 firmas las recogidas para solicitar la supresión de este impuesto tachado de vergonzoso por la Secretaria del PP en Málaga, y seguirán en esa misma lucha hasta llegar a 200.000 siendo el tope que se han marcado desde este partido político. La iniciativa de la eliminación progresiva del Impuesto de Sucesiones ha dejado de ser una iniciativa del Partido Popular para convertirse en una iniciativa de todos los andaluces. Un impuesto que grava los bienes que ya han tributado a lo largo de la vida de sus titulares, y que en nuestra comunidad es 100 veces más alto que en la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, más de 1.000 familias malagueñas han tenido que renunciar a su herencia durante el año 2015.
Patricia Navarro recordó que son muchas las comunidades autónomas que han eliminado ya este impuesto y en muchas de estas comunidades ha sido gracias a la acción del Partido Popular que ha luchado y ha propiciado esta eliminación. El PSOE además viéndose presionado por el clamor popular, junto con Ciudadanos, ha iniciado una comisión de estudio para ver la viabilidad de abordar una reforma del impuesto de sucesiones. Patricia Navarro incidió en que esta iniciativa del Partido Popular proviene también de un estudio realizado por expertos en materia fiscal y materia económica que supieron cómo plantearlo para que no supusiera un quebranto a las arcas públicas de Andalucía.
