El concejal de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla Julián Moreno ha lamentado este miércoles que no haya prosperado la ampliación de capital por importe de más de 5,4 millones de euros planeada por Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio y Mercasa, al votar en contra precisamente la empresa estatal Mercasa durante la última junta de accionistas.
"Sevilla no se puede convertir en la primera gran ciudad sin un mercado central público", ha lamentado Julián Moreno, según el cual "si este mercado central acaba en manos privadas, estaríamos hablando de que grandes empresas pasarían a hacerse con el control de la distribución de bienes de primera necesidad como son los alimentos y bebidas que se distribuyen y controlan en este mercado público". "No podemos permitir que sólo se gestione bajo criterios de mercado, que sólo se gestione bajo criterios de la oferta y la demanda, que sólo se gestione bajo los criterios del beneficio empresarial", ha recalcado Moreno.
"Sería un descalabro que MercaSevilla sea disuelta y que el control de alimentos y bebidas acabe en manos de las grandes empresas y supermercados. Esto tendría graves consecuencias tanto en la calidad de los productos, como en su precio", ha advertido.
Sobre toda esta operación ahora abortada pesa la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros, por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los once millones de euros.
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, defendía al respecto que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.
"COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN"
Pero en el marco de esta operación, y según informaban a Europa Press fuentes municipales, la compañía constructora Sando solicitó la ejecución provisional de la citada sentencia, lo que podría derivar en "embargos" sobre las cuentas y el patrimonio de la sociedad mixta. Dado el caso, y "como medida de protección", el consejo de administración de Mercasevilla acordó por unanimidad solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluyese plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que mediase "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.
