Los cinco consejeros del CSN (dos a propuesta del PSOE, dos a la del PP y uno a la de CiU) concluyeron ayer el informe definitivo sobre la prórroga de diez años solicitada por el titular de la instalación nuclear, y lo han registrado en el Ministerio de Industria.
Sin embargo, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, no entregará en mano el informe al ministro de Industria, Miguel Sebastián, hasta el próximo lunes, y a continuación comparecerá ante los medios de comunicación, junto al resto de consejeros, para presentar el sentido, el contenido y los detalles del dictamen.
La prórroga “limitada” del funcionamiento de la central burgalesa podría seguir un esquema similar al de la central José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que cerró en 2006.
El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sólo hubiera sido vinculante para el Gobierno si se hubiera pronunciado a favor de su cierre definitivo, por lo que la decisión final sobre la continuidad o la clausura de la central de Garoña corresponde ahora al Consejo de Ministros.
Dentro del Gobierno y de las filas socialistas no existe una posición unánime a favor o en contra de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares que están operativas en España.
Tras la reunión de ayer del Consejo de Ministros, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, explicó que el gabinete no había analizado el futuro de Garoña y aseguró que el Ejecutivo no se pronunciará hasta conocer el informe del CSN.
Espinosa defendió que ese informe sea “lo más aséptico posible y sin interferencias de nadie”, y negó que las elecciones europeas estén condicionando al Gobierno a la hora de pronunciarse y de tomar una decisión.
La central nuclear de Garoña, en funcionamiento desde 1970, tiene autorización para funcionar hasta el próximo 5 de julio. La empresa titular de la central nuclear (Nuclenor) presentó el 3 de julio de 2006 la solicitud de renovación del permiso de explotación para otros diez años.
