El conocido promotor inmobiliario José Julián Romero ha atribuido este viernes a una "guerra de poderes" entre políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Granada "de dos bandos" la investigación judicial abierta tras la 'Operación Nazarí', en la que él mismo y el entonces alcalde José Torres Hurtado, entre otros, fueron arrestados.
En declaraciones a los periodistas tras declarar en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por un tiempo de dos horas y diez minutos, el empresario ha dicho que está "contento" y se ha mostrado satisfecho por colaborar con la justicia, aunque ha aclarado que se le ha interrogado por algunos asuntos ya juzgados, por lo que es algo "que no tiene sentido".
Romero, que ha sido cuestionado por el proyecto de Casería de San Jerónimo y el Cerrillo de Maracena, ha llegado a afirmar que cuando el PSOE puso la denuncia por el asunto del Cerrillo --en el que se imputó a Torres Hurtado aunque finalmente el caso fue archivado--, los socialistas recibieron la filtración de la información para poner la denuncia por parte del funcionario Jacobo de la Rosa y del actual presidente del PP granadino, Sebastián Pérez, para "que machacaran" a Torres Hurtado, un asunto que dice que ya ha denunciado con anterioridad en la Fiscalía.
"Ahora reitero que es una guerra política, una guerra entre políticos del mismo partido y una guerra entre funcionarios, donde algunos de los funcionarios sí tienen otros intereses además del poder", ha dicho Romero, que ha indicado que él sólo se ha limitado a hacer "unos buenos pisos" y ha cuestionado que exista delito en este asunto. "El que da todo lo que tiene y no gana nada, ¿dónde está el delito?", se ha preguntado.
"Hay funcionarios del Ayuntamiento de Granada que han trabajado para el Ayuntamiento de Armilla, querían que se hiciera el Nevada y no querían que se hiciera el Cerrillo de Maracena, que lo han machacado vivo. Son los mismos que están machacando el Serrallo, los mismos informes negativos le han hecho. Se han manipulado", ha considerado.
Después de Romero ha comparecido en el Juzgado un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada que no fue detenido en el marco de la 'Operación Nazarí' por encontrarse de viaje el día en el que se practicaron los arrestos, el pasado 13 de abril.
Su abogado, Ernesto Osuna, que representa a un total de cinco funcionarios y a la ya exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ha señalado que su cliente ha defendido que no ha cometido "ninguna irregularidad", al margen de interpretaciones jurídicas. De hecho, ha explicado que aunque el derecho urbanístico es "de las normas más complejas porque está sujeta a interpretaciones", en este caso se puede decir "con contundencia y claridad" que no se ha cometido ninguna ilegalidad, que "todo se hizo con arreglo a derecho" y "respetando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada".
Por ello, el letrado, que ha pedido que se levante el secreto de sumario "cuanto antes", ha reclamado además a la justicia que actúe con "celeridad" y con "transparencia" en la tramitación del procedimiento. Asimismo, ha defendido la "trayectoria intachable" y la "honradez" de las personas detenidas y ha considerado que ello es algo que "es una opinión de la calle y un sentimiento general".
Además, Osuna ha pedido a la justicia que se permita en este caso el "derecho de defensa" de las personas investigadas y que no se deniegue a sus letrados diligencias de investigación en este asunto. "Que se cuente con información siempre es positivo para el desarrollo de un procedimiento. No hay excusa para denegar derecho de defensa de las personas. Si se respeta el derecho de defensa se acreditará la absoluta inocencia de mis clientes", ha sostenido el letrado, que cree además que algunos asuntos pueden considerarse "cosa juzgada" e incluso podrían estar prescritos.
LOS INVESTIGADOS QUE YA HAN DECLARADO
En el caso ya han comparecido un total de siete de las diecisiete personas investigadas. Antes de las de este viernes, un registrador de la propiedad, el empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, y el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero
Las comparecencias judiciales continúan el 3 y el 5 de mayo, el 10, 11 y el 12 de ese mes, además del 17 --tras el aplazamiento de la prevista este miércoles--. El día 11 será el turno de la secretaria general del Ayuntamiento y la ya exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y José Torres Hurtado lo hará al día siguiente. Cada jornada, salvo la del exalcalde y la del día 17, está previsto que comparezcan dos personas, a las 9,30 a 11,30 horas, de menor a mayor relevancia en el caso.
El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".
Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.
En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.
Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.
