La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha citado a declarar como investigado al responsable de Fiestas del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Carretero Moragas, por los presuntos delitos de cohecho y malversación, así como a los delegados de Ferrovial-Agroman y de UTE RMD &COYMA FIESTAS, y a los representantes legales de Alquileres Quitasol S.L. y de A.E.M. Vazquez S.L.
Rafael Carretero tiene que declarar ante la juez el día 16 de junio. Tras este investigado, lo hará ese mismo día el delegado de la empresa Ferrovial-Agroman en Andalucía, Ramón Bullon Morales, mientras que el 23 de junio será el turno del delegado de la empresa UTE RMD & Coyma Fiestas, Aquilino Toucedo Martínez, y de los representantes legales de Alquileres Quitasol y A.E.M. Vázquez.
Antes, concretamente el 3 de junio, la instructora ha citado como testigos a los funcionarios de la Gepol encargados de la investigación. Asimismo, y para los días 3, 13 y 16 de junio, ha citado a declarar a 14 testigos, como son el arquitecto técnico que denunció los hechos y trabajadores de las empresas investigadas.
La jueza ofrece al Ayuntamiento de Sevilla personarse en la causa como eventual perjudicado por la presunta malversación de caudales públicos.
La jueza refleja en su auto las presuntas irregularidades en los expedientes de contratación necesarios para el montaje de la feria de Sevilla, de los que puede ser responsable Rafael Carretero; en concreto la denuncia de una desviación en el importe de los expedientes de un 2,5% de su cuantía con relación al año 2014, importes que podrían extraponerse a años anteriores, de ahí que "se estime pertinente hacer ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sevilla como eventual perjudicado por la malversación de caudales públicos de acreditarse la misma".
La juez abrió una investigación sobre este asunto tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Sevilla, que en su denuncia incluía que las empresas adjudicatarias prestaron servicios gratuitos a Carretero, como el pago de la manzanilla de su caseta o un coche con chófer. La instructora, en su auto, considera que la Fiscalía expone unos hechos "que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal que hace necesario que se reciba declaración" en calidad de investigado a Carretero, todo ello "al desprenderse de los términos de la denuncia indicios de presuntas irregularidades en los expedientes de contratación necesarios para el montaje de la feria".
En las irregularidades puestas de manifiesto por el arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores "se reflejan numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado", como por ejemplo "el abono de trabajos no realizados, duplicidad en el abono de una misma partida, trabajos no justificados, o trabajos realizados por operarios sin contar con la titulación precisa".
De igual modo, pone de manifiesto que también "concurren indicios" para imputar a Carretero un delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, en relación a su función, solicite o reciba dádiva o presente, personalmente o a través de persona interpuesta, y del artículo 423 del Código Penal respecto de los responsables de las empresas investigadas.
