El Pleno municipal atiende hoy la propuesta de prórroga de la concesión administrativa del Servicio de Limpieza Viaria de Recogida de Residuos Sólidos del término municipal de Cádiz por el periodo de un año. Este hecho, que puede pasar desapercibido en el orden del día, ha despertado la curiosidad del Partido Popular, que cuestiona cómo va esa intención de “remunicipalizar los diez servicios públicos durante la legislatura en curso”.
En el mes de mayo del pasado año, en plena campaña electoral, Por Cádiz Sí Se Puede abordaba un plan para remunicipalizar servicios que afectaría a 710 trabajadores que pasarían a formar parte de la plantilla municipal y eso conllevaría un ahorro de 2,2 millones de euros anuales. Entre dichos servicios se encontraba la limpieza de dependencias municipales, mantenimiento de jardines, limpieza viaria, los servicios de playa, etc.
Este partido se ponía de plazo la legislatura puesto que ningún contrato excedía los cuatro años. Para ello se planteaban o la realización de procedimientos negociados, siempre que no supusieran “ninguna indemnización” o esperar a que finalizasen los contratos vigentes.
Asimismo, en el blog de Por Cádiz Sí Se Puede días después se subía un post elaborado por el ahora alcalde de la ciudad, José María González, y por el actual concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, donde se añadían que “cuando terminen los contratos, vamos a proceder a su extinción y no renovación, aunque revisando caso por caso”. Pero incluso abordaban “la posibilidad de la rescisión unilateral del contrato antes de su fecha de finalización para poder comprobar si es posible acelerar la devolución de la gestión del servicio al Ayuntamiento”.
En ninguno de estos casos estaba el inicio del proceso de rescate de los servicios de salvamento y socorrismo, que fue aprobado en abril por urgencia, y según el PSOE “por incumplimiento del pago”.
Incluso en ese momento se hablaba de que la normativa permitía “anticipar la re-municipalización sin coste económico en ciertos supuestos de incumplimiento”. De ahí que indicaran que se pondrían en marcha auditorías para analizar su legalidad y los incumplimientos de las concesionarias.
La justificación para optar por la remunicipalización la basaban en la recarga con el IVA, que según la actividad se les aplica entre un 10 y un 21 por ciento, por un importe que alcanza anualmente entre 3.500.000 y 4.150.000 euros, así como con un beneficio industrial para el conjunto de las adjudicatarias que valoraban entre 1.500.000 y 1.900.000 euros.
Lo real es que por el momento, según el Gobierno local, se ha empezado a trabajar en la remunicipalización del servicio de playas, y se estaba analizando también la limpieza en edificios municipales. Y lo cierto también es que ya han finalizado dos concesiones, como son las del transporte y la de la limpieza viaria que no han desembocado en la remunicipalización del servicio.
El pasado mes de agosto agosto se aprobaba en el Pleno la prórroga “forzosa” del servicio de transportes urbanos.
