Al borde del colapso económico a causa de las deudas acumuladas por parte de la Junta de Andalucía. Éste ha sido el grito de alarma pronunciado por la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (Aceema), que se concentró ayer en la Alameda de Colón para protestar por una situación “insostenible” que está llevando al “borde del cierre” a los 73 centros de nuestra provincia.
El presidente de este colectivo, Alfonso Rubio, aseguró a los periodistas que desde el mes de diciembre de 2014, el Gobierno andaluz “no está abonando las cantidades correspondientes”, lo que está “perjudicando gravemente” el pago de las nóminas a unas 2.500 personas con discapacidad empleadas de forma estable y que subsisten “a duras penas desde hace año y medio”.
Rubio cifró esta deuda en Málaga en “más de siete millones de euros”; un hecho que calificó de “auténtica tragedia para un colectivo que triplica las cifras de paro”. “No sé cómo estamos soportando esta situación. Es un milagro”, afirmó.
El presidente de Aceema señaló que esta deuda en Andalucía supera los 40 millones de euros y afecta a más de 400 empresas andaluzas, que están al “borde del colapso económico a causa de las deudas de la Junta”. “Unas 11.000 discapacitados empleados de forma estable están en riesgo inminente de engrosar las listas del desempleo a causa de la desidia de la Administración andaluza”, recalcó a la vez que tachó este problema de “gravísimo”, porque es un colectivo que triplica las cifras de paro.
Rubio aclaró que el Gobierno andaluz achaca a “trámites administrativos” estas demoras que “no considera excesivas”. “Andalucía es, con mucha diferencia, la peor comunidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con el empleo de las personas con discapacidad. Las negociaciones establecidas con los representantes de los trabajadores son un mero simulacro”, apostilló el presidente de Aceema.
Este calvario lo está soportando Luis Velasco, quien trabaja en un centro especial de empleo desde el año 1982. Ha desempeñado múltiples funciones en todo este tiempo y en la actualidad se enfrenta a la incertidumbre y la inseguridad laboral, amén de los impagos.
“Desde hace unos cuatro años no cobro una nómina entera. Generalmente me van pagando la mitad , una pequeña parte, los atrasos poco a poco. Esto es un cachondeo. Yo tengo mi casa, una familia y así no se puede vivir”, dijo este trabajador.
Por su parte, Lina Ocaña es la directora del centro especial de empleo de Aspromanis. Afirmó que es “muy complicado” salir adelante, cuando los puestos de trabajo dependen de estas subvenciones. “Hay dieciocho trabajadores y vamos tirando como podemos vendiendo nuestros productos y servicios, pero estos ingresos no cubren los gastos; hemos tenido que recurrir a pólizas para afrontar los salarios”, comentó Ocaña.
