El Consistorio pide un rescate de 250 millones a Gobierno y Junta

El Ayuntamiento de Jaén se encomienda, ahora sí de manera oficial, a un rescate por parte del Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía para salir de la crítica situación financiera en la que se encuentra. El equipo de gobierno del PP dio a conocer ayer un plan, que quiere consensuar con la oposición y los sindicatos, que se ha marcado el horizonte de una década para reequilibrar las cuentas y de 30 años para aquilatar la deuda, que ahora ronda los 700 millones de euros.
El plan, que empezará a discutirse  en la Comisión de Hacienda de hoy viernes junto con las medidas propuestas por el resto de grupos, pasa ineludiblemente por la aceptación del mismo por parte del Ejecutivo de la nación, y también de la Junta de Andalucía, a quien el gobierno local quiere hacer también partícipe de la solución a la grave crisis municipal. “En estos momentos no tenemos otra solución”, admitió el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, consciente de que la negativa de las Administraciones central y autonómica a este plan complicaría enormemente el futuro de un Consistorio lastrado por un déficit anual superior a los 30 millones de euros.
Las medidas previstas pasan por solicitar al Gobierno central que incluya a Jaén dentro de un fondo excepcional, junto a otros ayuntamientos españoles que están en una situación similar, con una inyección de 150 millones en una década (15 millones por año)  con el compromiso de reducir el déficit a un ritmo del 3% en cada ejercicio (tres millones).  Ese fondo se completaría con otra aportación de 50 millones de la Junta en el mismo periodo (cinco millones al año).   Otra de las propuestas es pedir al Ministerio de Hacienda un nuevo plan de pago a proveedores por valor de 100 millones  (ahora el Ayuntamiento tarda en pagar a a sus acreedores 312 días, uno de los  periodos más largos del país).  De igual forma, se quiere la autorización del Ministerio para convertir a largo plazo el grueso de la deuda financiera actual, de 430 millones de euros.
El dinero del fondo excepcional no sería una quita, sino que habría que reintegrarlo. La intención del equipo de gobierno es pedir un plazo de carencia de 10 años donde no se pagaría nada, y tener otros 30 años para empezar a pagar la deuda a largo plazo. La previsión del concejal de Hacienda es que a partir del undécimo año se obtendría un superávit anual de unos 18 millones, que iría a sufragar la amortización de la deuda a larzo plazo durante los 30 años.
Junto al objetivo de reducción progresiva del déficit, el PP asume otros compromisos ante el Gobierno y la Junta. El más importante es el de reducir la plantilla municipal en un tercio (más de 400 empleados) en la próxima década, a través de las jubilaciones naturales y pidiendo autorización al Gobierno para acometer prejubilaciones a partir de los 55 años. Por el contrario, considera que es preciso mantener una tasa de reposición del 10% para cubrir servicios en policía local, bomberos o el área de informática. Bonilla cree que si se hiciera un ajuste drástico e inmediato de la plantilla “los servicios públicos se caerían”.
El plan del gobierno municipal del PP se completa con la supresión de organismos autónomos, la reestructuración de las socieddades mercantiles e incluso se  abre la vía a la remunicipalización de servicios como el de la recogida de basura, habida cuenta de que  el proceso para la licitación del nuevo contrato se ha paralizado por la  prórroga presupuestaria. También están abiertos a municipalizar las multas.