El Ayuntamiento de Granada pone en marcha este mes una comisión municipal para auditar el Urbanismo de la ciudad en la que se incluirá la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 2001 y "que todo apunta a que está más que desfasado".
Así lo ha explicado este lunes el concejal de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, en una comparecencia informativa con el alcalde, Francisco Cuenca, en la que han cifrado en unos 20 millones de euros el desembolso al que podría tener que hacer frente la ciudad por deudas e impagos derivados de planes parciales y expedientes, como el de la casa Ágreda o la discoteca Aliatar, que se incluirán también en la auditoría además de otras "supuestas irregularidades".
La auditoría urbanística se incluye dentro del compromiso adquirido por el PSOE tras la operación Nazarí, que investiga judicialmente una supuesta trama de corrupción urbanística en Granada, la cual supuso la detención del anterior alcalde, José Torres Hurtado, del PP, y la salida de este partido del equipo de gobierno municipal.
Fue "uno de los principales compromisos" adquiridos en el pleno de investidura, ha indicado Francisco Cuenca, quien ha resaltado la "transversalidad" de esta revisión general así como la "colaboración" trasladada a la Cámara de Cuentas de Andalucía para la "agilización" del proceso de auditoría del área económica "para terminarla antes de final de año".
Ello servirá también para "sistematizar" toda la información ante la elaboración del presupuesto municipal, ya en marcha; y se complementará con la próxima puesta en marcha de una "comisión especial" en el ámbito municipal sobre personal, un apartado que ocupa alrededor de la mitad del presupuesto municipal, según ha añadido Cuenca, que ha asegurado la defensa de los derechos laborales a la par que "la optimización y la eficacia de los recursos" humanos.
El objetivo es aportar "luz y taquígrafos" para que los granadinos conozcan "la gestión de su dinero" en el marco de un proceso que no es "de persecución y cacería", ha afirmado el alcalde.
En el marco urbanístico, alcanzará todos los convenios y expedientes que están vigentes y que han comenzado a ser revisados con los trabajadores del área.
Según ha detallado el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el trabajo de la comisión municipal de auditoría urbanística se basará en esta labor previa desarrollada tras la reestructuración del área que dirige como consecuencia del cambio de gobierno y de la detención de parte de su anterior cúpula en el marco de la operación Nazarí.
En referencia a este caso judicial, Fernández Madrid ha informado de que, tras el levantamiento del sumario, se incorporarán a la auditoría municipal los expedientes que actualmente investiga la juez.
Así, esta comisión servirá para la revisión de las licencias que se han otorgado, la venta de patrimonio municipal que se ha producido, y la actualización de planes parciales como el del Albaicín, "estancado desde 2007", o el del centro, "publicado desde 2003", así como para proyectos como la redacción del nuevo plan de la Vega.
Ello dará seguridad jurídica a los inversores, ha concluido Francisco Cuenca, que ha pedido a los grupos municipales no iniciar una "auditoría de las auditorías" en las que "el primer interesado debe ser el PP".
