Ecologistas en Acción ha denunciado la autorización por la Consejería de Medio Ambiente de la construcción de dos escombreras, que superarían las doscientas hectáreas, a la mina Cobre Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa.
El Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy la resolución para alegar en el contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el segundo modificado del Plan Especial que regula esta explotación minera, ubicada en los términos municipales sevillanos de Guillena, Gerena y Salteras.
Las dos nuevas escombreras se excavarían en dos fincas del término municipal de Gerena y su construcción es demandada por la empresa para ampliar la actual corta minera, según han informado a Efe fuentes de Ecologistas en Acción.
Este grupo conservacionista sostiene que las dos escombreras ampliarían la superficie prevista para este fin en el Plan Especial de la mina de 993,37 a 1.211,8 hectáreas, un incremento de casi un 22 por ciento que obligaría a tramitar una nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) o a modificar la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2002.
Ecologistas, que recientemente ha ganado una demanda que ha condenado a importantes directivos de CLC -hoy fuera de esta explotación- por delito ambiental, sostiene que las escombreras incumplirían el Plan de Restauración y el Proyecto de Explotación de esta mina, que ya fueron modificados en 2005 por la empresa autonómica EGMASA cuando la dirigía el actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE).
Dicho Plan de Restauración obliga a CLC a rellenar la corta minera con los escombros generados por la explotación minera para que esta enorme excavación no termine inundada al ser abandonada, creando un embalsamiento de aguas ácidas, potencialmente contaminantes, y para proteger el acuífero.
Según Ecologistas, CLC prefiere excavar las nuevas escombreras "porque tiene la evidente intención de abandonar la mina sin cumplir el Plan de Restauración", algo que responsables de la Junta de Andalucía, entre ellos la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, Maria José Asencio Coto -investigada por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar- "tiene la evidente intención de permitérselo, para que luego los andaluces paguemos el mantenimiento de los pasivos ambientales que dejan las empresas mineras", según el grupo conservacionista.
