La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco personas por llevar a cabo operaciones de narcotráfico desde Marruecos por vía marítima. Una de ellas es un guardia civil que, según el Tribunal, colaboró a cambio de dinero, dando información para que el desembarco se produjera con éxito.
Según se declara probado en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, una de las acusadas se dedicaba, junto a otras personas no identificadas, a realizar transporte por mar de sustancias estupefacientes a España, detectándose, en concreto, una operación desarrollada en mayo de 2011 en las costas de la comarca malagueña de la Axarquía.
En esa, participaron también los otros cuatro acusados que ha resultado condenados, entre ellos un agente de la Guardia Civil que estuvo destinado en dos patrullas en la zona que se dedicaban a la vigilancia de las costas para la prevención de la inmigración, el contrabando y el narcotráfico.
Con esta "dilatada experiencia", señala la Sala, el acusado decidió ofrecerse a la organización a la que pertenecía la primera acusada, "solicitando recibir 40.000 euros por cada operación de alijo de droga que culminara con éxito a cambio de proporcionar él toda la información necesaria", como la localización de las patrulleras de vigilancia o cuándo estaban activas las cámaras.
Ese ofrecimiento fue trasladado al resto de los miembros de la red y fue aceptado, señala la sentencia, de forma que la acusada actuó de enlace con dicho agente, cuya intervención "fue decisiva", según se declara probado, en al menos dos operaciones de desembarco de droga durante el verano de 2010, recibiendo a cambio un sobre con dinero, aunque no se haya determinado la cantidad.
En cuanto a la operación de mayo de 2011, los acusados se habían concertado para trasladar la droga en una furgoneta desde la zona de desembarco en la costa de Torrox (Málaga) hasta una vivienda en dicho término municipal, alquilada a nombre de una de las acusadas, en cuyo interior se intervinieron 58 fardos de hachís, con un peso neto de 1.688 kilos, valorado en 2,5 millones de euros.
A los cinco acusados se les condena por un delito contra la salud pública y a cuatro de ellos también por pertenencia a grupo criminal. En cuanto al guardia civil, además de los anteriores, se le condena por cohecho, imponiéndole en total siete años de prisión, el pago de una multa de más de tres millones de euros e inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante ocho años.
A otro de los procesados se le condena asimismo por simulación de delito, al denunciar falsamente que le habían sustraído una furgoneta que alquiló para transportar la droga. A todos se les aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.
Las dos mujeres y dos de los acusados mostraron su conformidad con la acusación, reconocieron en el juicio los hechos e inculparon al agente en sus declaraciones, que fueron corroboradas por otros datos. Por contra, la Sala absuelve a éste y a dos familiares del delito de blanqueo de capitales del que eran acusados, al considerar que no hay pruebas suficientes.
