La empresa Emerita Resources España ha solicitado a la juez de Sevilla que investiga la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar que, como medida cautelar, ordene la "inmediata" paralización de "cualquier trabajo que se esté realizando" en la mina "y los recursos mineros objeto del concurso".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Emerita reclama esta medida a la juez de Instrucción número 3 "dada la situación procesal" del asunto y "habiendo considerado" la Audiencia Provincial de Sevilla "suficientemente acreditados, aún a los efectos indiciarios, la comisión de importantes irregularidades en la licitación, adjudicación y aceptación del concurso".
Emerita también pide a la juez que, después de que la Audiencia le haya ordenado reabrir la causa, decrete la suspensión cautelar de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos derivan, y "especialmente" de la resolución de 25 de febrero de 2015 dictada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como de la posterior aceptación por Minera los Frailes "y sus consecuentes permisos de exploración e investigación".
Al hilo de ello, la empresa que perdió el concurso y que denunció los hechos manifiesta que, "una vez acreditados, al menos indiciariamente, la irregularidad del procedimiento por el que se adjudican los recursos mineros, e incluso de su aceptación, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos sólo agravan la situación y causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse".
"Esto es así porque, de probarse en estos autos la ilegitimidad de la adjudicación por los motivos de fondo alegados, estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas", asevera Emerita, que subraya que "la más elemental consideración de prudencia nos lleva a estimar que, tanto por los posibles daños económicos a las partes y al erario público, como por el riesgo que se corre, debe decidirse la paralización cautelar de cualquier operación que, más allá del necesario mantenimiento para la salvaguarda de la seguridad, se lleve a cabo en los recursos mineros objeto del concurso".
Emerita, en este escrito fechado el día 7 de noviembre, también solicita a la juez que cite a declarar como investigados a los otros seis miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal, ya que dicha Comisión Técnica "tomó sus decisiones por unanimidad, estando de acuerdo todos los miembros de la misma".
"CONCURSO DE VOLUNTADES"
A su juicio, "resulta evidente que si se entiende que las decisiones de la Mesa pudieran ser constitutivas de delito, tal delito surge de un concurso de voluntades en el que intervinieron todos sus integrantes", tal y como adelanta en su edición de este martes el diario 'El Mundo'.
De igual modo, el abogado de Emerita, Ramón Escudero, reclama a la juez que amplíe las imputaciones a la actual viceconsejera de Innovación y exdirectora general de Minas, María José Asensio, y al resto de investigados en la causa con otros cuatro delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.
Emerita también solicita que, en el caso de María José Asensio y de varios investigados más, se amplíe su imputación por delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio, mientras que también pide a la juez que cite como imputados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis.
IMPUTACIONES
Según agrega, ambos hermanos "eran conscientes de que el procedimiento de adjudicación de los recursos mineros no iba a ser limpio, y por ello, incluso antes de comenzar la licitación, se reunieron con representantes de Emérita Resources para advertirles que ellos tenían la llave del concurso, produciéndose inmediatamente de esa reunión, la llamada de Vicente Cecilio Fernández, como habían anunciado que sucedería".
Por último, Emerita reclama la imputación del exsecretario general de Innovación, Industria y Energía Vicente Cecilio Fernández por los delitos de falsedad, encubrimiento, falso testimonio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal, al considerar que emitió y firmó el informe de la Dirección General de Industria Energía y Minas presentado el 27 de agosto, "donde afirma que el licitador y adjudicatario es Minorbis (sin nombrar a Grupo México como licitadora, abundando en la evidente falsedad), y además reconoce que Minera los Frailes es una entidad diferente".
