Tanto el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, como el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, han vuelto a hablar del conflicto que mantiene la empresa sanitaria José Manuel Pascual Pascual, SA, y la Junta de Andalucía. Ambos dejaron claro su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y entienden su preocupación, pero también volvieron a culpar a la empresa de la situación actual.
Así, el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, recordó este martes que “el pasado viernes nos reunimos con el comité de empresa. Sus representantes nos hicieron una serie de reclamaciones como el reconocimiento de los trabajadores de Pascual en la bolsa del SAS, que se llevará a la mesa sectorial. También se les comunicó que a disposición de la empresa Pascual había 8,2 millones de euros y además, que también se les dijo que se había hecho un reconocimiento de deuda de 60 millones de euros correspondiente a impagos tras la finalización de la prórroga”.
“Sabemos que la empresa no está de acuerdo con esa cantidad, pero al menos esos 60 millones deben servir para garantizar la asistencia hospitalaria y los centros correspondientes, y el pago de las nóminas a los trabajadores”, dijo para añadir que “entendemos que es la empresa la que tiene que dar respuesta a los trabajadores en ese aspecto”
Por eso ve necesario “recordar a los trabajadores que la empresa ha tenido tres ocasiones para alcanzar un concierto, el último fue un procedimiento negociado sin publicidad donde se podía presentar Pascual con los hospitales de Sanlúcar, Villamartín y El Puerto, pero tampoco quiso”.
Al respecto, “Pascual dice que está de acuerdo con el dinero pero que son otras las condiciones que él quiere imponer a la Junta de Andalucía, pero ya le hemos dicho por activa y por pasiva que así no”.
Igual de comprensivo con los trabajadores pero más contundente con la empresa se mostró Fernando López Gil, quien indicó que “respeto y entiendo las reivindicaciones de los trabajadores de Pascual que ayer se echaron a la calle para pedir que exista un acuerdo ante la situación de incertidumbre por su situación laboral”
De hecho, “me gusta que sus reivindicaciones vayan en dos sentidos, a la empresa y a la Junta que somos quienes tenemos que firmar el acuerdo”.
Según López Gil, “la Junta ha sido muy generosa y ha puesto sobre la mesa una oferta muy potente para que la empresa Pascual no tenga ninguna excusa para no firmar, pero por desgracia, la empresa sigue pidiendo cuantías que están por encima de los precios de mercado y continúa exigiendo elementos que están fuera de la legalidad”.
“Nosotros exigimos a Pascual que no ponga más excusas, que no retrase más la situación, que no ponga más incertidumbre en el futuro de sus trabajadores y que firme el acuerdo”, señaló para advertir que Pascual “sabe que la Junta ha sido dura y contundente… o bien hay acuerdo o tomaremos otro tipo de acciones porque en cualquier caso la salud no correrá peligro en esas poblaciones. También vamos a hacer lo posible para garantizar el empleo y para que siga prestándose la atención médica con la calidad necesaria”.
