La empresa Mariscadores de Sanlúcar ha arremetido contra la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a la que acusa de ser “incapaz” de controlar el marisqueo ilegal en el caladero. La empresa sanluqueña se siente “ninguneada” por la Junta de Andalucía y su presidente, Emilio Vidal, señala que el ejemplo del sector pesquero de la coquina fina de Andalucía, que le ha llevado al reconocimiento nacional a través de la marca Fina de Doñana, a ser candidata a los premios autonómicos de comercio inerior y a liderar el mercado nacional gracias a un contrato con una importante cadena de supermercados “está provocando que estos mariscadores estén al borde de la exclusión social y que todo el trabajo realizado no valga para nada”.
Análisis toxinas
Los mariscadores reivindican una mayor diligencia por parte de la administración a la hora de realizar los análisis de toxinas. Según sostienen, estos no se han podido realizar por falta de medios de la actual empresa contratada, por lo que piden que “se contrate a otra, ya que es poco razonable que no se realicen y que familias enteras paguen dicha incompetencia pasando necesidades”.
Los mariscadores inciden además en el necesario control de los “ilegales” que a diario acuden a faenar, sin carné, ni autorización y más allá de los decretos de cierre, poniendo en peligro su labor.
Los mariscadores reclaman a la Junta de Andalucía ayudas económicas o una actividad complementaria para los periodos en los que se decrete el cierre del caladero por toxinas.
