La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha visto obligada a dejar libre, tras cuatro días de encarcelamiento, a un condenado por falsificar tarjetas de crédito después de comprobar que la pena impuesta en su contra prescribió hace más de tres años.
El abogado del condenado, de nacionalidad rumana, reclamó la inmediata puesta en libertad de su cliente tras comprobar que la condena a dos años y seis meses de prisión que pesaba en su contra se remonta al mes de julio del 2008. El letrado, Juan Gonzalo Ospina, alegó que el Código Penal establece una vigencia de cinco años desde la sentencia para penas menos graves como la de su cliente.
Según la resolución en su contra, el condenado --de nacionalidad rumana-- formaba parte de un grupo vinculado a una red de distribución de sustancias estupefacientes, dedicado a la fabricación y utilización fraudulenta de tarjetas. Se encontraba en busca y captura desde hace ocho años y fue arrestado el 19 de diciembre en el barrio madrileño de Moncloa.
A la vista del tiempo transcurrido desde la sentencia condenatoria, los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Fermín Echarri han decretado la extinción de la responsabilidad penal. Su decisión ha contado con el informe favorable de la Fiscalía.
En declaraciones a Europa Press, Ospina ha criticado que estas situaciones ocurran en un Estado de Derecho y precisado que la orden de busca y captura perdió vigencia y debió ser cancelada hace un trienio.
