Varias mujeres víctimas de violencia de género afirman no haber recibido el incremento de la ayuda a la vivienda que se aprobaba en el pasado pleno del mes de julio. Sin embargo, desde el Ayuntamiento indican que “a todas se les subió al 90 por ciento”, tras consultar en el área de Servicios Sociales, a la vez que justifican algunos de los casos dependiendo de la situación de cada una de ellas.
No obstante, en esa justificación también existen variaciones. En concreto, no se le sube la ayuda al 90 por ciento a una de las usuarias de servicios sociales, víctima de violencia de género, por tener asignada una casa de Procasa. Una vivienda que aún no ha recibido ni sabe cuándo va a recibir porque en estos momentos están realizando obras en las cubiertas, según informa la afectada. De ahí que no entienda que “no se me incremente la ayuda desde el mes de julio que se aprobaba en el Pleno, pasen los meses, lo supediten a la vivienda y me vea exactamente igual que antes de que se aprobara en Pleno el incremento”.
Asimismo, también denuncian que existen atrasos en los pagos, en algunas ocasiones de “entre tres y cuatro meses”, así como se ha paralizado la ayuda de emergencia para alimentos, tanto del mes pasado como el mes de enero. “No entiendo cómo piensan que podemos vivir, sin dar de comer a nuestros hijos, todo el día agobiadas por no saber qué pasará con las casas”. Por ello reclaman la atención por parte de la concejala de Servicios Sociales, Ana Fernández, con la que se han puesto en contacto en varias ocasiones, pero de la que “nunca tenemos respuesta”.
El pasado mes de julio se aprobaba el incremento de las ayudas, que en el mes de septiembre se encontraba aún en trámites administrativos. La concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, aseguraba entonces que no iban a dejar de lado al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, sino que “vamos a hacer cumplir el acuerdo de pleno”.
Para poner en marcha el incremento tuvieron que hacer “labores de encaje, cuestiones técnicas”. Una tramitación burocrática que no comprendía el colectivo afectado.
Semanas después el colectivo alcanzaba un acuerdo con el Gobierno local que daba por zanjado todo este asunto. Ahora, meses más tarde, la situación sigue siendo muy similar para el colectivo.
