El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, con una orden de captura por el caso Odebrecht, denunció hoy ser víctima de una "caza de brujas", al tiempo que Israel le cerró las puertas y su exministro y actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo deporte.
Tres días después de que Perú solicitara judicialmente su detención, Toledo se manifestó en redes sociales con un comunicado donde mantuvo en secreto su paradero, aunque presumiblemente siga en Estados Unidos, pidió presunción de inocencia y afirmó no haber cometido los delitos que le imputan.
Los delitos imputados por la Fiscalía son tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerle en la licitación de la Carretera Interocéanica del Sur, que recorre el territorio peruano desde la costa del Pacífico hasta Brasil.
La Justicia peruana consideró que existen indicios suficientes para pensar que Toledo intervino en la contratación de Odebrecht en esa obra, y ordenó que sea encarcelado de manera preliminar por 18 meses mientras continúa la investigación.
Toledo calificó hoy esa decisión judicial de una "infamia", afirmó que llamarlo "fugitivo" es una distorsión maquiavélica y condicionó su presencia en el proceso a que no lo prejuzguen culpable.
El comunicado de Toledo fue el broche a un día donde el Gobierno peruano estuvo pegado al teléfono para lograr que Estados Unidos e Israel colaboren con la ubicación y detención del expresidente.
Al comenzar la jornada, el Ejecutivo peruano temía que Toledo estuviera a bordo de un avión rumbo a Israel para refugiarse allí, dado que no existe tratado de extradición entre ambos países.
En Israel, Toledo guarda buenas relaciones con empresarios como Josef Maiman, presunto testaferro en el cobro de los sobornos de Odebrecht dentro de un entramado de empresas "offshore".
Los altos funcionarios peruanos respiraron tranquilos cuando el Gobierno israelí anunció que no permitiría el ingreso de Toledo a su territorio hasta que no aclare los asuntos que tiene pendientes en Perú, y se terminaron de calmar cuando se confirmó que Toledo no se encontraba en la aeronave.
Ahora los esfuerzos del Gobierno peruano se centran en mandar toda la documentación e información requerida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que este pueda tramitar una orden de detención en su territorio.
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió que Toledo todavía puede salir de Estados Unidos con entera libertad, hasta que la Fiscalía peruana no solvente los requisitos de las autoridades estadounidenses, algo que confió que pueda darse este mismo lunes.
El caso de Toledo llegó en la tarde al máximo nivel cuando Kuczynski solicitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que evalúe la posibilidad de deportar al expresidente a Perú, dentro de las facultades que la ley de migración otorga al Departamento de Estado.
El Ejecutivo liderado por Kuczynski son conscientes que una deportación acortaría los trámites para que Toledo regrese a su país natal, aunque este cuenta con residencia en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (California).
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
