El Defensor del Pueblo recibió el año pasado un total de 16.485 escritos de queja de los ciudadanos, un 7,5% menos que en 2015, atendió 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, inició 872 actuaciones de oficio y formuló 708 recomendaciones y 807 sugerencias de las que el grueso fueron aceptadas, según el informe anual de la institución que ha entregado este miércoles en el Congreso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Por área temática, el grupo más amplio de quejas fue sobre la Administración de Justicia, con 1.649; seguida del área de Migraciones, con 1.069; los asuntos relativos a empleo público, 1.067; de empleo y seguridad social, 1.054 y de Interior, 1.050. El 56,26% de estas quejas ciudadanas fueron admitidas, frente a un 36,12 de inadmitidos y un 7,62% que quedaron en estudio al cierre del informe. De los admitidos, eran el 16,39% los que se habían concluido terminado el año.
Fruto de estas reclamaciones, el Defensor del Pueblo formuló 1.771 sugerencias y recomendaciones de las que 619 fueron aceptadas, 140 resultaron rechazadas, 444 estaban sin contestar al cierre del informe y 312 aún en trámite, según el resumen estadístico de la institución.
MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTORAL
Durante la rueda de prensa concedida en la Cámara Baja, Becerril también ha destacado otras "actuaciones relevantes" que ha acometido su departamento a lo largo de 2016 relacionadas con la pobreza energética, la protección de los deudores hipotecarios, los problemas de medio ambiente que están afectando a las grandes capitales, los pacientes oncológicos o el sistema electoral.
En este último punto, la Defensora del Pueblo ha explicado que han recibido quejas por dos causas, principalmente: el voto de personas con discapacidad y el voto desde el extranjero. Sobre el primer caso, ha recomendado modificar la normativa con el fin de que retirar el derecho al voto para una persona con discapacidad sea más difícil. A su juicio, es "lo que debería ser en una democracia". Por el contrario, ha pedido agilizar el voto en el extranjero, sobre todo para los que no viven en las grandes ciudades o tienen menos recursos.
Del mismo modo, Becerril ha destacado el trabajo monográfico que ha realizado la institución en materia de asilo, en el que se ha analizado la situción del sistema en España. Según ha apuntado, el Defensor del Pueblo ha estado en los recibimientos a refugiados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en donde ha constatado que "todo funcina bien".
EL PROCESO DE ACOGIDA FUNCIONA "BIEN"
"Los asistentes sociales, el recibimiento de los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, las actuaciones policiales para el registro y el trabajo de las ONGs funcionan correctamente y también se ha comprobado que se tienen dispuestas las viviendas para ellos", ha declarado Becerril ante los medios, para confirmar que, después, se ha mantenido el contacto con los asilados para recoger cualquier queja.
A su juicio, la falta de acogida por parte de España, que se ha comprometido a acoger a 17.000 refugiados y ha recibido a más de 700, está en Grecia e Italia y en las autoridades europeas que, segñun ha señalado, "han tardado en determinar los procedimientos de trasladado" de estas personas.
El Defensor del Pueblo también realizó el año pasado un trabajo monográfico sobre las víctimas de ETA, que recogió hasta 17 recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por el terrorismo etarra.
Para Becerril, era importante estudiar la situación actual de las víctimas, tanto económica como asistencial y psicológica y comprobar que se sienten "apoyadas y comprendidas". Del mismo modo, la Defensora ha sugerido la necesidad de que los sucesos vividos en los años en que la banda terrorista estaba activa se registren en los libros de texto. "Hay que preservar la memoria de estos sucesos. Los jóvenes deben saber lo que sucedió", ha apuntado.
RESPUESTA AL CIUDADANO EN 28 DÍAS
Por otra parte, la institución ha recibido 39 solicitudes de ciudadanos que pedían al Defensor que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas, como la Ley del Voluntariado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la institución no cursó ninguna. Tampoco tramitó por no considerarlo oportuno, ninguna de las 19 solicitudes de petición de amparo al Constitucional que se le plantearon.
Los datos reflejan que el tiempo medio de respuesta en el primer contacto con el ciudadano para la admisión, no admisión o solicitud de más datos sobre su queja se situaron en 28 días (29 en 2015) y el plazo de resolución medio fue de 48 días (47 un año antes). Mientras, la Administración General del Estado tardó de media 70 días en contestar al Defensor del Pueblo y los ayuntamientos se explayaron hasta 105 días de promedio.
De hecho, no todas las administraciones colaboran, aunque es su obligación, con la alta institución. En 2016 fueron tildadas de "entorpecedoras" 11 corporaciones municipales de distintos puntos de España cuyos casos han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado. Se trata de los ayuntamientos de Barruelo de Santullán (Palencia), Cadaqués (Girona), Colmenar de Oreja (Madrid), El Viso de San Juan (Toledo), Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León), La Unión (Murcia), Macael (Almería), Mazarrón (Murcia), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga).
En cuanto a la web de la institución, a lo largo del año ha recibido 945.242 visitas y se han abierto 456.215 sesiones. "Se han desarrollado nuevos servicios en la página web y en la comunicación digital con losciudadanos, lo cual ha permitido recoger, más allá de las 8.808 quejas a través del registro telemático, un número muy significativo de encuestas con información relevante para la realización de los estudios monográficos y que, en algunos casos, han impulsado actuaciones de oficio ante la Administración", dice el informe.
