La que fuera secretaria general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Victoria Chamorro, ha defendido este miércoles ante el juez que instruye el llamado caso de las audioguías la legalidad del expediente por el que se adjudicó este servicio en el monumento, cuyas supuestas irregularidades están siendo investigadas, así como la "actuación absolutamente honesta" que desempeñó desde su cargo.
Chamorro ha declarado durante aproximadamente cuatro horas en calidad de investigada por este caso en el marco de la ronda de declaraciones fijada por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, estando previsto que el mes que viene le toque el turno a la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, que dimitió a raíz de este procedimiento.
En declaraciones a los periodistas a su salida del Juzgado, Chamorro se ha mostrado "satisfecha" con su declaración, en la que se ha ceñido a los "aspectos puramente técnicos" referidos a cómo se articularon los aspectos del expediente y las incidencias que tuvo, todas las cuales, según ha remarcado, "entraban dentro de la legalidad".
Se ha congratulado además de haber podido tener la oportunidad de expresarse "con todo detalle" sobre este asunto, tras llevar dos años pidiendo declarar ante el juez, y ha confiado en que la separación de las causas --el de las audioguías del resto de las supuestas contrataciones irregulares que pudieron llevarse a cabo en el monumento-- "facilite las cosas para que todo sea más rápido y claro".
Su letrado, Fabio Barcelona, ha señalado a los periodistas que su cliente ha "aclarado perfectamente" todos los extremos de este expediente, así como que su actuación "ha sido absolutamente honesta, cumpliendo las funciones de su cargo" y sin que exista "ninguna intervención repudiable" por su parte.
Chamorro no ha sido interrogada expresamente por la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el Patronato de la Alhambra a raíz de este caso y que ha detectado "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento que "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados".
Su abogado ha preciado que este informe "no afecta" a su cliente, aunque se ha referido a la "malicia" con que se está actuando a su juicio en este procedimiento después de que la Junta "contara físicamente" con el documento hace "más de dos meses" y lo presentara al Juzgado "justo un día antes" del inicio de esta fase de declaraciones, que arrancó el lunes con el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo.
Según consta en el informe definitivo de esta auditoría, solicitada por la Consejería de Cultura en agosto de 2015 y a la que ha tenido acceso Europa Press, de las irregularidades detectadas en el monumento se desprende que "determinadas personas y empresas" accedieron a "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia".
A ello se suma la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias" y se cita a este respecto tres contratos expresamente: el de explotación del servicio de alquiler de equipos de audioguías y equipos receptores para grupos organizados; los contratos relacionados con la gestión del olivar de la Dehesa del Generalife y el contrato de gestión de las Tiendas de la Alhambra.
