Esta historia se escribe, porque no todo es lo que parece a simple vista. Partimos de la base de que tenemos derecho a una vivienda digna y por supuesto a ganarnos la vida honradamente. Sobre lo que publica la televisión o la prensa, “no todo es cierto” y “a veces son medias verdades” buscando su propio sensacionalismo, para captar el mayor número de seguidores, sin contrastar con las dos partes implicadas.
Si hubiera investigado a esta familia, a la cual concretamente nos referimos en esta historia de desahucio; y publicara fielmente los hechos ocurridos, seguramente la gente quedaría impresionada de cómo se aprovechan de los Servicios Sociales; de los mecanismos municipales del Ayuntamiento; de Cáritas, e incluso de organizaciones sin ánimo de lucro que, ayudando a los necesitados, realizan una gran labor social como “El Pan Nuestro”.
Esta familia en concreto, tiene tres hijos, que no tienen culpa de nada, pero que parece ser que los utilizan como pantalla para ganarse la lástima de todos, y supuestamente son las verdaderas víctimas de esta situación.
Y también, cómo algunos partidos políticos, con la intención de conseguir más votos, utilizan la noticia en su propio beneficio sin importarle el trasfondo que tristemente existe en esta familia. Y es que según sabemos, presuntamente es una familia que viene de Mallorca con un desagradable historial a sus espaldas, aprovechándose de personas honradas sin que la Ley haga o pueda hacer nada. Ya hemos contactado con otros afectados que también han sido supuestamente engañados por ellos y es que llevan en San Fernando desde hace aproximadamente 10 años haciendo lo mismo.
Y la verdadera historia del desahucio es ésta:
Somos cuatro hermanos que tenemos un sueldo medio y heredamos una vivienda al fallecimiento de nuestros padres. Con sacrificio tuvimos que hacer frente a unos elevados gastos de impuestos municipales y notaría para poder aceptar la herencia. Lo primero que pensamos fue venderla, pero desgraciadamente el Ayuntamiento la tiene incluida en una unidad de aprovechamiento del PGOU y esto nos supone muchos problemas ya que hasta que no se ejecute esta unidad no podemos hacer nada con nuestra casa. Aquí denunciamos públicamente la situación a la que nos tiene el Ayuntamiento sometidos, con una propiedad gravada con una contribución de casi 600 € y a la que no le ofrece ninguna solución alternativa.
Según fuentes a las que hemos consultado del mismo, la situación actual de nuestra vivienda, puede durar indefinidamente, según las Leyes actuales que rigen el PGOU, y eso es otra desagradable incongruencia de un sistema que poco apoya al ciudadano corriente, que no tiene dinero ni gestores que puedan manejar una situación así, porque probablemente, en caso contrario, ya hubiera habido alguna solución. Así que nos encontramos con una casa que tiene que seguir pagando impuestos municipales, seguros, luz agua, etc. Y antes de que, como vemos en otras propiedades, acabe siendo un foco de ratas, basura, infección…decidimos alquilarla. Como novatos en esto y queriéndolo hacer legalmente, acudimos a una Inmobiliaria de conocido renombre para más seguridad.
Desgraciadamente la Inmobiliaria no consultó ni contrastó los datos como debiera, ya que el agente que nos atendió, nos presenta a esta familia y nos dice que, con papeles por delante, esta familia suma unas ganancias de unos 1600 € y que además vienen con una carta de recomendación del anterior arrendador, al que durante cinco años no le han dejado de pagar ni un solo recibo de 550 € del alquiler que tenían. Por lo tanto nosotros, en nuestra inexperiencia, nos fiamos y firmamos el contrato de alquiler.
Le alquilamos la casa en 450 €. Nosotros nos hacíamos cargo de pagarle la contribución anual y un seguro del hogar con un coste de unos 900 € a nuestro cargo. En la Inmobiliaria, los propietarios y los inquilinos, levantamos un acta juntos de todos los enseres que había en la vivienda, anexo al contrato, los cuales al abandonarla se comprobaban y el inquilino se haría cargo de lo que faltara.
Empezamos el alquiler en junio del 2015, durante 4 meses cobramos sin ningún problema. En la Inmobiliaria, le firmamos varios documentos para que se lo presentaran a los Servicios Sociales, ya que nos debían la luz de 2 meses y no la pagaban. El importe que cobraron de los servicios sociales, en total durante algún tiempo, sobrepasaban los 3000 €, de los cuales los propietarios no hemos percibido nada. Por lo visto por aquel tiempo, numerosos vecinos confirmaron, que habían visto al inquilino con una moto que parece ser, se había comprado. Y ahí empezó nuestro calvario.
Entonces, ante esta insostenible situación, tuvimos que contratar a un abogado y empezar un proceso de desahucio el cual nos costaba casi 3000 €. Desde junio de 2016 hasta abril del 2017, que nos vino el Lanzamiento, entre cuotas y recibos impagados, nos debían ya una cantidad de cerca de 8000 €.
El día 21 de abril 2017, se presentó en la casa el Agente Judicial y el cerrajero para proceder al Lanzamiento. Se cambiaron las cerraduras, tanto de la puerta delantera como de la trasera que da al patio. Debido a nuestra jornada laboral, no fue hasta al cabo de dos horas que fuimos a recoger las nuevas llaves, abrir la puerta y entrar en nuestra vivienda. Al intentarlo, escuchamos unas voces en el interior por lo que llamamos a la policía, la cual nos dice que sin una denuncia no puede hacer nada.
Nos personamos en comisaría y formalizamos la correspondiente denuncia. Aún así se acercó una dotación policial en coche patrulla. La policía llamó a la puerta y la misma inquilina, les prohíbe la entrada por lo que “legalmente” no puede, ni podemos, entrar en el interior de la casa sin una orden judicial. La inquilina “ocupó” de esta forma nuestra vivienda.
Según fuentes de los alrededores, lo que hicieron fue saltar por el patio trasero. Partieron la cerradura que había puesto el cerrajero y se colaron otra vez en la casa una gran cantidad de gente. Algunos testigos decían que iban incluso de la plataforma de desahucios. Cuando uno de los inquilinos iba a entrar en la casa con un carrito de la compra metálico, se puso delante nuestro y dijo textualmente: “- O te quitas de en medio o paso por encima y ahora sí que os vais a enterar”.
Nos sentimos indefensos e impotentes ante este abuso y sin que pareciera que la ley nos ayude, ya que era viernes y por lo visto hasta el lunes no había un juez en el Juzgado que pudiera emitir una orden que nos permitiera entrar. Así que volvimos a empezar de nuevo. Ahora teníamos que ir a un procedimiento penal, para echarlos de la casa, con el consiguiente gasto añadido.
A la semana se fueron. Según dijeron, incluso a la policía, por una orden judicial, que resultó ser falsa. Eso ocurría un viernes, 5 de mayo, y hasta el lunes, 8 de mayo, no pudimos entrar en nuestra casa, porque nosotros si necesitábamos una orden judicial para entrar.
Cuando entramos y vimos el estado de la casa nos entraron ganas de llorar, se habían llevado todo nuestros muebles, camas, colchones, cuadros, televisor etc. Y todo estaba destrozado y con una suciedad increíble.
En estos momentos, estas personas, están saliendo en los medios como víctimas y perjudicados. Creemos que no lo son. Más bien, por todo lo expuesto, pensamos, en supuestos estafadores y gente que actúa con maldad y premeditación, demostrado con la grabación que le han realizado a la concejala de Asuntos Sociales de nuestro Ayuntamiento y de la que se ha hecho eco la prensa.
La denuncia sigue su curso y ahora por el procedimiento penal. Si algún otro afectado quiere unirse a ella solo tiene que decírnoslo. Los isleños deben saber qué clase de personas son y que están haciendo con los ciudadanos honrados y de buena fe de San Fernando.
Y esta es la historia real de un desahucio. ¿Que hay diferentes tipos de desahucio? Por supuesto. Pero esta es la historia real nuestra.
Ángel, Manuela, Manuel e Isidoro López González.
