El Fiscal Anticorrupción se ha opuesto a que se suspenda la pena de prisión que se impuso a los dos promotores que se beneficiaron de la venta fraudulenta de la antigua estación de autobuses de Jerez , por la que el exalcalde Pedro Pacheco fue condenado a un año y medio de cárcel.
En sendos escritos a los que ha tenido acceso EFE el Fiscal Anticorrupción se opone a que se les suspenda la pena de un año y medio de prisión que la Audiencia Provincial de Cádiz impuso a los dos promotores Francisco Chaves López y José Luis López Fernández, "El Turronero", como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de fraude a la Administración.
En ambos escritos el fiscal Manuel Luis Arjona señala que suspender el ingreso en prisión de ambos promotores, que adquirieron al Ayuntamiento la antigua estación de autobuses a través de testaferros, dejaría "en entredicho" la "confianza" en las instituciones y en la justicia penal al beneficiar a "personas que coadyuvan a corromper a los cargos políticos en su propio beneficio".
"Los delitos de corrupción política y los que la facilitan o cooperan de alguna manera dañan no tan solo económicamente a la sociedad si no que suponen un ataque a los fundamentos del estado, al sistema democrático y provocan la pérdida de la confianza en las instituciones", señala el fiscal al pedir que no se suspenda el cumplimiento de esta condena de cárcel confirmada por el Tribunal Supremo a pesar de ser inferior a los dos años.
Añade que ninguno de los dos promotores condenados han reconocido públicamente la comisión del delito ni públicamente han manifestado arrepentimiento alguno por su conducta.
Además resalta que ambos tienen condenas de prisión anteriores de prisiones que por no ser superiores a los dos años fueron sustituidas por multas.
En el caso de Chaves López fue condenado por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil a un año de prisión y en el de "El Turronero" tiene dos condenas, una de dos años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público y continuado de estafa a la Seguridad Social en la "Operación Karlos" y otra que ésta tampoco se ha ejecutado.
Además el Juzgado de Instrucción número 2 de Totana, Murcia, sigue un nuevo procedimiento por delito contra la Hacienda Pública contra ambos, según expone el fiscal.
El fiscal cree que suspenderles la condena de un año y seis meses por el caso de la venta fraudulenta de la estación de autobuses de jerez sería un "abuso desmesurado" en el uso del "privilegio excepcional que debe de ser la figura de la sustitución y suspensión" de una condena de cárcel, un "exceso que entendemos que una sociedad como la nuestra no puede tolerar en unos delitos tan graves por los que ha sido condenado como son los delitos contra la Hacienda Pública y la Administración Pública".
