La Junta de Andalucía se encuentra pendiente de valorar la solicitud de la familia de un niño, diagnosticado de trastorno de espectro autista y con una discapacidad del 39 por ciento debido a su falta de lenguaje funcional y ausencia de autonomía, para que el menor pueda contar en su centro con un monitor de educación especial.
Es la respuesta dada por la administración a la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía, consultada por Europa Press, en la que se añade que se tendrán en cuenta los datos que se graben en la plataforma Séneca para solicitar un posible incremento de recursos al centro en cuestión.
La persona interesada expone que su hijo se encuentra escolarizado en un colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Sevilla. Desde hace dos cursos académicos viene solicitando la presencia en el centro de un profesional técnico de integración social para la debida atención del alumno, sin que hasta se haya atendido tal petición.
El colectivo de monitores de educación especial que atienden a alumnos en centros públicos de Infantil, Primaria, institutos y centros específicos de la Junta de Andalucía protagonizó hace meses protestas por las reiteradas privatizaciones y en defensa del empleo público y de calidad; de hecho, los monitores que prestan servicio en los centros privados encontraban problemas derivados del bloqueo de las licitaciones en varias provincias.
Los técnicos denunciaban públicamente la "constante negativa" de la administración regional a "iniciar un dialogo y análisis de la situación" que sufre el colectivo, que cuenta con el apoyo de sindicatos, estudiantes y familiares de los alumnos con necesidades especiales.
Entre los objetivos de éstos se encuentra la defensa del empleo público y de calidad y "revertir la externalización" para evitar que empresas privadas se instauren en el sistema educativo.
