Delegados de CSIF Cádiz y trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado en la mañana de este 1 de junio, en el juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz para exigir refuerzos de personal, ante la decisión del Consejo General del Poder Judicial de que cada capital de provincia tenga un juzgado exclusivo en estos asuntos.
CSIF entiende que esta “inconsciente” decisión, podría provocar "el colapso de la Administración de Justicia, dada la ingente cantidad de carga de trabajo que se va a recibir, sin una planificación adecuada y sin que se refuerce la plantilla para llevar a cabo estas tareas específicas".
Al respecto, el sector de Administración de Justicia de CSIF Cádiz exige refuerzos de personal de forma inmediata para el juzgado de Primera Instancia nº2 de Cádiz que, a partir de este 1 de junio va a gestionar en exclusiva todas las demandas de ‘cláusulas suelo’ de la provincia.
Y es que el Juzgado de Primera Instancia número 2 es la sede judicial a la que se le ha asignado la tramitación de las denuncias de cláusula suelo en la provincia y su titular, la magistrada Isabel Cadenas, acudió a la concentración para dejar claro por un lado que no “no hay nuevos medios personales ni técnicos para reforzar el juzgado” con los que prevé que se producirá un colapso que atrasará la tramitación de los casos de cláusula suelo incluso varios años.
También acudió a la protesta el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, quien compartió de punta a punta las demandas de falta de personas y de medios materiales, así como vaticinó el colapso de la sede judicial designada y por ende, el retraso de la solución a los casos denunciados.
Por su parte, el CSIF señaló igualmente que rechaza frontalmente el plan estratégico del Consejo General del Poder Judicial, por el cualen cada capital de provincia se especializará un juzgado para asumir los procedimientos relacionados con las cláusulas suelo y otros casos relacionados, dado que va a colapsar el funcionamiento no solo de este juzgado sino de todos los de la jurisdicción civil.
Para CSIF, esta situación, además de sobrecargar de trabajo a una plantilla ya bajo mínimos, supondrá nuevos perjuicios para los ciudadanos que recurran a este esencial servicio público, ya que este juzgado atenderá de forma exclusiva estos procedimientos, pero no dejará de lado todos los casos que por turno le correspondan.
CSIF entiende que esta “inconsciente” decisión del CGPJ, está provocando “absoluto rechazo entre funcionarios, letrados y jueces de todo ámbito”, dada la ingente cantidad de carga de trabajo que se va a recibir, sin que se dote de más personal para llevar a cabo estas tareas. Así, mientras el sindicato rechaza el plan estratégico del CGPJ, también se exige a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta que cumpla con la obligación de dotar con suficiente personal de refuerzo y medios materiales esta iniciativa, a fin de que se garantice la viabilidad de dicho plan.
Para CSIF, el refuerzo ideal sería la creación inmediata de un juzgado bis, específico para estos casos de las cláusulas suelo, que contara desde el inicio con su juez de adscripción territorial, letrados correspondientes y una plantilla de al menos ocho funcionarios, sin necesidad de esperar la evolución del impacto de este aluvión de procedimientos.
De no ser así, CSIF entiende que en menos de un mes, se colapsará el juzgado. Al mismo tiempo, la Central Sindical considera necesario el refuerzo de la oficina de registro y reparto, que asumirá igualmente el registro de estas demandas de cláusulas suelo.
Para CSIF, existe una evidente descoordinación entre CGPJ y Consejería de Justicia de la Junta, que significará un menoscabo del servicio público y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia, pues al comenzar esta iniciativa sin los medios personales y materiales necesarios, la viabilidad del plan no está garantizada y ello llevaría automáticamente a miles de ciudadanos, que han sido víctimas de cláusula abusivas, a una situación absolutamente intolerable e incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Justo lo contrario de lo que, al parecer, se pretende.
