El PP denunciará este mes en la Fiscalía Superior de Andalucía la indemnización de 165 millones de euros que tendrá que pagar la Junta al promotor del centro comercial Nevada de Armilla (Granada) para que investigue la "inoperancia" del Gobierno andaluz y clarifique por qué no propuso pruebas para reducirla.
El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha anunciado que su formación formalizará la denuncia este mes de julio para clarificar las actuaciones de la Junta como demandado por la promotora en una causa que le costará al Gobierno andaluz "decenas de miles de millones de las antiguas pesetas".
Lo ha hecho después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fijara en mayo en 165 millones de euros la indemnización que debía pagar el Gobierno andaluz a Tomás Olivo, promotor del Nevada, por las pérdidas económicas que sufrió por los años que la construcción de esta infraestructura estuvo parada.
"Hace unas semanas se ponía de manifiesto la inoperancia de la Junta, del PSOE", ha considerado Pérez, que ha subrayado que la cifra millonaria "no es ninguna broma" y que ha calificado de inaceptable y "nada creíble" que la Junta argumentara su falta de acciones por "problemas de agenda".
Según el PP, el Gobierno andaluz, que recurrió ante el alto tribunal una sentencia anterior que fijó en 157,41 millones la indemnización, no ratificara su oposición ni propusiera "prueba alguna", ni en el litigio inicial ni en esta segunda instancia.
Pérez ha detallado que con la denuncia en la Fiscalía Superior pretenden que se investigue el procedimiento, "saber por qué hemos perdido 165 millones" y que se depuren responsabilidades.
Ha apuntado además que el anuncio se suma al mes que el PP ha estado esperando explicaciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, porque consideran que hay "responsabilidades políticas graves".
El presidente provincial del PP ha considerado que el promotor ha hecho lo que debía, "velar por sus intereses", y que la causa judicial se ha perdido por falta de asistencia, por lo que ha confiado en que la Fiscalía clarifique la actuación de la Junta que ha costado "una gran fortuna".
Pérez ha recordado además que la reforma del Código Penal de 2012 considera que se pueden derivar responsabilidades políticas en causas similares y "circunstancias de esa magnitud".
"Es un tema muy delicado y muy serio", ha sentenciado Pérez, que ha recalcado que "lo normal" ante una condena millonaria habría sido recibir explicaciones de Díaz, y unos ceses para depurar responsabilidades que no se han producido.
