Tras reconocer que el acuífero de Doñana “tiene algunos problemas”, la Junta de Andalucía ha cambiado de estrategia y ha cedido lanzar el balón al tejado del Gobierno mediante una exigencia clara: el trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde el Guadiana al Guadalquivir para paliar la situación.
Así lo ha indicado este martes el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que ha asegurado que se trata de una “medida esencial” para aliviar la situación del acuífero, por lo que ha pedido al PP de Andalucía que “exija al Gobierno la ejecución de este trasvase, que es bueno para el medio ambiente de Doñana y para la agricultura de la zona”.
Esta petición se ha realizado este martes desde varios frentes. También el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, ha advertido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de que “si la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quiere ir a Doñana, perfecto, pero la que tiene que venir es la de Medio Ambiente”. “Doñana existe y no pasa nada por acercarse y ver qué se está haciendo allí”, ha subrayado, al tiempo que ha reclamado al PP-A que exija al Gobierno central el trasvase de 15 hm3 del Guadiana, que “aliviaría la situación del acuífero”.
En la misma línea, el senador del PSOE Francisco Menacho ha acusado este martes al presidente del PP-A, Juanma Moreno, de tener una “actitud irresponsable soliviantando a los agricultores” del entorno de Doñana y le ha emplazado a exigir al Gobierno de la Nación que apruebe la Ley de Trasvase entre el Guadiana y el Guadalquivir.
Por su parte, EQUO también ha traslado la situación del agua en Doñana a Madrid, ya que su coportavoz federal y diputado en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha registrado este martes una batería de preguntas en la que cuestiona al Gobierno sobre la situación real del acuífero de Doñana.
El diputado cuestiona al Gobierno acerca de las medidas adicionales que se van a tomar desde el Ministerio de Medio Ambiente para paliar esta situación, preguntando por la posibilidad de acometer un nuevo programa de cierre de pozos ilegales y por la respuesta que el Ejecutivo pretende dar a quienes, como WWF o EQUO, ven urgente detener el continuo crecimiento de la agricultura de regadío en la zona.
Sobre el tema de los agricultores, Fiscal ha sido tajante al afirmar que la Junta “seguirá implantando” el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, y “todas aquellas explotaciones que no se ajusten a la legalidad, que nadie lo dude, serán levantadas porque las leyes están ahí para cumplirlas y nosotros es lo que hacemos”.
Una afirmación que no convence del todo a Podemos, ya que la coordinadora general de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado que el procesamiento de dos exalcaldes de Almonte y de el exconsejero Luis Planas, por uso indebido de agua en Doñana, pone sobre la mesa “una realidad que no es excepcional, lamentablemente: la práctica habitual de consentir la impunidad total de los pozos ilegales del acuífero de Doñana”, ante lo que ha urgido “hacer cumplir la ley”.
También el PP de Huelva se ha referido a este proceso judicial y ha exigido a la Junta que dé explicaciones sobre el uso del agua en Doñana y, en concreto, en la finca de Matalagrana, propiedad de la Junta, que ante estos procesamientos sólo ha dicho, en boca de su portavoz, que parece que la Administración “actuó de buena fe” al ceder los terrenos al Ayuntamiento de Almonte, que a su vez los cedió a los agricultores para la introducción de cultivos de fresas compatibles con el medio ambiente.
