El Ayuntamiento de Málaga aprobó hace un año, el 28 de julio de 2016, una moción institucional, promovida por Oxfam Intermon, que declaraba al municipio como Zona Libre de paraísos fiscales, una norma que promueve que el municipio ejerza una contratación pública fiscalmente responsable.
Los representantes de todos los grupos de la corporación municipal, acompañados por la delegada de Oxfam Intermon en Andalucía, Sonia Díaz, se han reunido este jueves para hacer balance de este primer año como Zona libre de paraísos fiscales. Estos, como sistemas opacos, "provocan disfunciones a nivel global y local".
Con impuestos próximos al cero por ciento, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos.
A nivel municipal, desde finales del año pasado las empresas que concurren a concursos públicos en la ciudad de Málaga deben presentar una 'Declaración Responsable' por la que se comprometen a no realizar ninguna práctica de elusión ni evasión fiscal durante el desarrollo del contrato, habilitándose la resolución del mismo en caso de demostrarse lo contrario. Y recientemente, se ha promovido la firma con la Confederación de Empresarios de Málaga de un Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Por su parte, los representantes de todos los grupos políticos: Alejandro Carballo, de Ciudadanos; Isabel Jiménez, de Málaga Ahora; Remedios Ramos, de Málaga para la Gente; Carlos Conde, del equipo de gobierno del PP y Sergio Brenes, del PSOE, han vuelto a revalidar su compromiso "unánime" con el máximo desarrollo y aplicación de medidas como ésta, que son "un instrumento para combatir la fuga de fondos públicos" que está "reduciendo dramáticamente las posibilidades de acabar con la creciente desigualdad extrema".
En el último año la inversión desde España hacia "los 15 paraísos fiscales más agresivos se ha triplicado". Además, en el primer semestre de 2016 el 67 por ciento de la inversión de entrada en España provino de estos territorios, y su utilización para canalizar la inversión directa hacia el país genera cada año unas pérdidas fiscales en torno a los 1.550 millones de euros.
La presencia de las principales empresas españolas en paraísos fiscales sigue en aumento. De 2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado en un diez por ciento, pasando de 810 a 891. En cinco años, la presencia de filiales de empresas del IBEX-35 en paraísos fiscales se ha multiplicado por tres.
A nivel nacional, Oxfam Intermón ha destacado el momento de oportunidad que representa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, a la que organizaciones como la Plataforma de Justicia Fiscal y la propia entidad han propuesto tres enmiendas para incluir consideraciones en línea con esta iniciativa.
