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Lunes 18/11/2024
 
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España

El Govern recurrirá la suspensión de ley del Parlament

El Govern ha acordado personarse ante el Tribunal Constitucional para defenderse de la "indecencia" que supone el recurso promovido por el Gobierno

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El Govern ha acordado personarse ante el Tribunal Constitucional (TC) para defenderse de la "indecencia" que, a su juicio, supone el recurso promovido por el Gobierno contra el reglamento del Parlament, mientras que la CUP ha abierto la puerta a "desobedecer" al alto tribunal.

En su última reunión antes del parón veraniego, el Govern ha analizado la decisión del TC de admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo del PP y suspender así la reforma del reglamento del Parlament, impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP para permitir la aprobación exprés de la ley del referéndum.

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha destacado que el procedimiento de lectura única lo tienen otros parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, por lo que el recurso del Gobierno del Estado "hace saltar por los aires eso de que todos somos iguales ante la ley" y deja entrever una "persecución preventiva e ideológica".

Turull ha acusado al TC de ser el "brazo ejecutor" del Gobierno central y ha ironizado con que "podría tener su sede perfectamente en la Moncloa o compartir el Consejo de Ministros".

El Govern, que no tiene previsto volver a reunirse hasta el 29 de agosto, ha acordado personarse en el proceso con un recurso de súplica contra la providencia de ayer del TC, para pedir que se levante la suspensión y, si no fuera estimada dicha pretensión, formularía las alegaciones pertinentes en defensa de la constitucionalidad del nuevo reglamento del Parlament.

Turull ha subrayado que existen "muchas fórmulas" para aprobar la proposición de ley para dar cobertura al referéndum del 1 de octubre sin necesidad de que el Govern la convierta en proyecto de ley -que sí podría ser aprobado en lectura única-, aunque ha subrayado: "No se puede descartar nada".

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, ha acusado al TC de "juzgar intenciones" al suspender la reforma, aunque ve "otras vías" para celebrar un referéndum el 1 de octubre.

También la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha asegurado que hay "otras" fórmulas para poder aprobar la ley del referéndum, como la apelación al artículo 81.3 del reglamento vigente del Parlament.

"Nos gusta mucho más el hecho de desobedecer", ha subrayado Boya, que ha añadido: "No reconocemos este derecho español que se aplica de una forma muy interesada y muy aleatoria".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el Gobierno "va a seguir con la misma actitud de no permitir que los radicales decidan el futuro de los catalanes con una ilegalidad tras otra con tal de cumplir sus delirios".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no se haga la "víctima" cuando lo que está haciendo el Gobierno central es responder "democráticamente" a sus intentos por "cargarse" la Constitución y romper la soberanía nacional.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha criticado que el PSC no se haya unido al recurso del PP y Ciudadanos contra la reforma del reglamento del Parlament y ha dicho que los socialistas catalanes deberían "quitarse la venda y sacarse los complejos de encima".

Mientras tanto, la diputada del PSC Alicia Romero ha avanzado que su partido sí emprenderá "acciones pertinentes" si JxSí y la CUP usan la vía de la lectura única para tramitar la ley del referéndum.

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Sonia Sierra ha acusado a los grupos independentistas de "querer tomar atajos" legales con el reglamento del Parlament para impulsar el proceso secesionista, por lo que ha considerado lógica la suspensión dictada por el TC.

Por su parte, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha presentado un recurso de apelación contra el secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga una querella del partido Vox por los preparativos del Govern para el referéndum del 1-O

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