El Gobierno ultima los detalles para la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclara mañana que no ha declarado la independencia de Cataluña y no se retracta de esa decisión antes del jueves.
Hasta las 10:00 horas del lunes tiene de plazo Puigdemont para responder al requerimiento del Ejecutivo y explicar si declaró o no la independencia en su intervención del pasado martes ante el Parlament.
No ha aclarado el sentido de esa respuesta en sus palabras de hoy con motivo de un homenaje al que fuera presidente de la Generalitat Lluis Companys en el 77 aniversario de su fusilamiento.
En ellas, ha reivindicado la paz, el civismo, la serenidad y la firmeza democrática frente "a la bajeza del franquismo" y ha indicado que sus próximas decisiones estarán inspiradas en estos valores.
Fuentes del Gobierno consultadas por Efe han evitado hacer interpretaciones de esa intervención y han recalcado que esperan la respuesta que ha de remitir como muy tarde mañana con el deseo de que "acierte" y no prolongue la incertidumbre en la que consideran que ha sumido a la sociedad catalana.
Lo que aseguran es que una contestación ambigua que no deje claro que no declaró la independencia, conllevará que el Ejecutivo active la segunda fase del artículo 155 de la Constitución.
Mantendría hasta el jueves la que consideran que sería "la última oportunidad" de Puigdemont para impedir que se recurra a ese precepto del texto constitucional, ya que hasta las diez de la mañana de ese día tendría el presidente de la Generalitat para rectificar y volver a la legalidad.
Si no lo hiciera, ya no habría vuelta atrás y el Gobierno, en Consejo de Ministros, debería decidir las medidas concretas que pretende poner en marcha.
Unas medidas que las fuentes citadas aseguran que se están ultimando tras un "estudio pormenorizado" de todas las opciones que existen pero que evitan enumerar porque, recordando las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes, recalcan que hay que ir paso a paso y no adelantar acontecimientos.
Cada vez hay más voces de dirigentes de los diversos partidos en las que se apunta que la aplicación del artículo 155 debería desembocar en la convocatoria de elecciones en Cataluña.
Esa convocatoria cree el Gobierno que podría ser una solución a la situación generada por los independentistas, pero subraya que lo ideal sería que fuera Puigdemont quien las convocara tras asegurar que no declaró la independencia y, por tanto, volver a la legalidad.
Pero si eso no ocurre, no se descarta que tuviera que ser por la vía del 155.
"Hay muchas opciones sobre la mesa porque se trataría de aplicar un artículo al que nunca ha habido que recurrir", explican las fuentes del Ejecutivo, que ponen en valor el total respaldo que daría el PSOE a las decisiones que hubiera que tomar.
Las medidas tendrían que ser aprobadas por mayoría absoluta del Senado, un trámite para el que no habría problema alguno porque el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, además, está seguro de que los socialistas las avalarían.
De acuerdo con el mensaje de que espera aún que Puigdemont vuelva a la legalidad, el Gobierno no avanza cuándo iría dando los pasos siguientes en caso de que ocurra lo contrario.
Si mañana no hubiera respuesta satisfactoria del presidente de la Generalitat, habría que esperar al plazo ya fijado del jueves a las 10:00 horas para que dé marcha atrás.
En caso de que no lo hiciera, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría convocar reunión del Consejo de Ministros esa misma mañana para aprobar las medidas que ya tenga decididas en aplicación del artículo 155, o bien podría esperar unos días. Después las remitiría al Senado.
Lo que asegura el Gobierno es que Rajoy viajará ese mismo jueves a Bruselas para participar hasta el viernes y junto al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la reunión del Consejo Europeo.
Una cita a la que el Ejecutivo otorga una gran relevancia porque en ella considera que se evidenciaría de nuevo el total respaldo a Rajoy de los líderes europeos y de las instituciones de la UE frente al independentismo catalán.
