El Ayuntamiento tendrá que asumir la subida del precio del agua que pensaba repercutir en los grandes consumidores, atendiendo de este modo al cumplimiento del pliego de condiciones de la concesión administrativa de la gestión del servicio a Aqualia que fija la revisión de la tarifa al IPC y contempla los incrementos aprobados por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
El Pleno rechazó este martes la modificación de ordenanzas defendida por el Gobierno con los votos en contra de PP e IU y las abstenciones de Ganemos y Ciudadanos a pesar de que el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, dio lectura a un extracto del informe del interventor en el que se deja clara la obligatoriedad de hacer frente al cumplimiento del pliego de condiciones y se habla incluso de posibles responsabilidades.
Galván recordó que la cláusula 3.4 del pliego de condiciones obliga a repercutir al alza o a la baja el IPC -en este caso del 0,2 por ciento- además de la subida del precio del agua en alta aplicada por el Consorcio de Aguas, habiendo pasado el metro cúbico de 0,13 a 0,15 céntimos. De igual modo, el teniente de alcaldesa reiteró que este pliego fue firmado por el Gobierno anterior cuando cedió la explotación del servicio a la empresa Aqualia.
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, no puso impedimento en respaldar la revisión al IPC, pero responsabilizó al PSOE de la subida del precio del agua en alta al darse la circunstancia de que esta formación política gobierna el Consorcio de Aguas.
Los motivos esgrimidos por IU fueron bien distintos, advirtiendo su portavoz, Raúl Ruiz-Berdejo, de que la subida iba a afectar en mayor medida a los vecinos de las entidades locales autónomas que en su momento decidieron descolgarse de la concesión a Aqualia. “Si alguna de esas ELA quiere prestar el servicio de forma pública se le cobra la depuración a 0,57 euros, cuando en el resto del municipio Aqualia lo cobraría a 0,24 en base a esta ordenanza”, explicó.
Subida del IAE
El Pleno también abordó una subida del IAE para aquellas empresas que facturen más de un millón de euros anuales. Esta modificación contó con el voto favorable de PSOE, Ganemos e IU; y la negativa de PP y Ciudadanos, que justificaron su rechazo en la inconveniencia de trasladar un mensaje negativo a los inversores.
Galván expresó por su parte su convencimiento de que esta subida “no va a ser un factor decisorio” a la hora de que se pueda producir un “movimiento de empresas” en busca de municipios con un IAE más bajo. A pesar de ello, el teniente de alcaldesa aseguró que la ciudad se encuentra tras esta modificación en unos niveles equiparables a los de otros municipios de similar tamaño.
Aqualia presentará una demanda
Fuentes de la empresa Aqualia ya han avanzado su intención de presentar una demanda judicial contra el Ayuntamiento para exigir el cumplimiento del contrato, reclamando el abono de la diferencia entre lo que percibe y lo que debería percibir en base a los incrementos no aprobados por el Pleno, además de los correspondientes intereses. El propio informe del interventor consideraba “adecuadas” las modificaciones que el Gobierno pretendía realizar en las tasas de alcantarillado, depuración y abastecimiento de agua como consecuencia de las “obligaciones adquiridas en el pliego” de condiciones de la concesión del servicio.
