El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado a declarar este miércoles como querelladas a nueve personas por presuntos delitos de coacciones y daños dolosos tras los incidentes ocurridos el pasado mes de marzo con motivo de la presencia del autobús de Hazte Oír por las calles de la capital hispalense, sobre el que pesaba una declaración institucional contraria aprobada por el Ayuntamiento por aspectos como "denigrar a los menores transexuales".
En un auto, consultado por Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas admite parcialmente la querella criminal presentada por la asociación contra estas nueve personas al considerar que existen "indicios constitutivos" de delitos de coacciones y daños dolosos imputables a las mismas.
Y todo ello, según añade, "por el impedimento del ejercicio de manifestación del autobús" perteneciente a la organización del día 29 de marzo y de las personas vinculadas a dicha asociación, "así como de los desperfectos materiales irrogados al autobús que pudieron causar perjuicio patrimonial" a Hazte Oír.
No obstante, rechaza la querella criminal contra las nueve personas citadas a declarar por delitos contra la integridad moral y discriminación, desobediencia y desórdenes públicos, "habida cuenta que ni del relato de hechos" de la querella ni del informe policial "se desprende ningún hecho concreto y específico imputable a persona determinada que se circunscribiera dentro de la tipificación de estas figuras delictivas".
"No siendo tampoco admisible una investigación genérica por hechos genéricos no mínimamente acreditados ni con relación a los cuales existen indicios racionales de su perpetración", expone el instructor en el auto consultado por Europa Press.
De otro lado, el juez rechaza la querella promovida contra el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, y los portavoces municipales de Participa, Susana Serrano; Ciudadanos, Javier Millán; IU, Daniel González Rojas, y PP, Alberto Díaz, al "no resultar debidamente acreditada su participación en hecho delictivo alguno".
"NO CABE LA CRIMINALIZACIÓN DE OPINIONES"
Y es que, a su juicio, "no existe indicio racional de criminalidad alguna" en los políticos querellados "por la perpetración de ningún hecho de ningún género en lo acaecido en esta capital en fecha 29 de marzo", añadiendo que "no existe elemento probatorio indiciario alguno de su participación en los hechos ni de su incitación, ni de su preparación, ni de su presencia en el lugar en donde se realizaba la manifestación del autobús" de Hazte Oír.
"El mero incumplimiento de requisitos administrativos para una manifestación no supone infracción criminal alguna por parte de los responsables o encargados de los órganos de la Administración ni de los representantes de las asociaciones, no presentes, a las que pudieran pertenecer manifestantes", asevera el juez.
Según agrega, "la opinión libre sobre la procedencia o no del autobús de la organización querellante no supone, como es obvio, ningún hecho delictivo y no cabe la criminalización ni de opiniones ni de posturas genéricas contrarias a las de parte", concluyendo que "no existe ningún hecho concreto imputable a estos últimos querellados que determinen el que se siga causa criminal en su contra".
"CONSIGNAS VIOLENTAS Y DISCRIMINATORIAS"
En la querella, Hazte Oír relata que, al llegar el autobús al Palacio de San Telmo con el lema 'Respeto para todos. No al bullying', observaron "varias decenas de jóvenes debidamente concertados para lanzar piedras, huevos y naranjas contra el autobús", que sufrió "numerosos daños" y al que además se le realizaron pintadas.
"Estos agitadores repetían consignas violentas y discriminatorias, como 'Sevilla no os quiere', mientras sacudían el autobús y le arrancaban el limpiaparabrisas", expone la asociación, que asevera que fue "tal la violencia ejercida por los manifestantes, que la Policía tuvo que intervenir, iniciando incluso una carga mientras eran jaleados e insultados al grito de 'hijos de puta'".
Según señala, "los denunciados actuaron con todo tipo de acciones vandálicas", y "por desgracia tales actos estuvieron alimentados por la propia acción de algunos políticos, que incluso no dudaron en burlarse, grotescamente, de las personas transexuales", aludiendo al hecho de que la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, "animaba a crear un 'comité de bienvenida'".
A ello se suma que "los propios responsables municipales se negaron expresamente a condenar la agresión" y de este modo "guardaron silencio", expone Hazte Oír en su querella.
