El concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha cuestionado hoy los recursos que interpone la Subdelegación de Gobierno “sólo” contra la bandera republicana. Así se ha pronunciado tras conocer por los medios de comunicación la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz en la que según parece “señala que el Ayuntamiento de Cádiz infringió el ordenamiento jurídico al colocar la bandera de la II República Española” frente al monumento de las Puertas de Tierra.
Martín Vila ha recordado que la colocación e izado de esta bandera se enmarcaba dentro de las II Jornadas por la Memoria que organiza el Ayuntamiento y “se hizo en este lugar que justo unos meses antes fue reconocido por la Junta de Andalucía como lugar de Memoria Democrática al reconocerse que cientos de gaditanos fueron fusilados en esta zona por su defensa de las libertades”.
Vila, que aún no ha tenido acceso a la sentencia, ha señalado que “asumiremos su sentir aunque como Equipo de Gobierno no la podemos compartir porque la colocación de esta bandera no busca simpatizar o buscar complicidad con otro modelo de Estado sino reconocer a cuantos fueron asesinados en este país por el Golpe de Estado de 1936 y durante la represión en la Dictadura”.
El concejal de Memoria Democrática ha hecho hincapié en que “el PP pone excesivo celo en seguir impidiendo este tipo de actuaciones en justicia, verdad y reparación. Por eso hizo que la Subdelegación del Gobierno recurriera el acto que ha dado lugar al pronunciamiento”. Al hilo de esto argumenta que “se utiliza en este caso el Derecho para buscar la forma de impedir que se siga profundizando en materia de memoria histórica”.
Martín Vila ha cuestionado el interés partidista que realizar el Partido Popular con la bandera puesto que “ni es la primera que se coloca en el balcón ni en otro punto de la ciudad” haciendo alusión a los izados de la bandera Trans o del movimiento Scout. “Pero a la derecha le molesta tan solo ésta” apunta. “Mientras que en otros países como Alemania están en otro momento histórico respecto a los totalitarismos que vivieron, en España parece que la derecha no quiere pasar pantalla”.
Por último, el concejal ha señalado que una vez se tenga acceso a la sentencia, “estudiaremos si da lugar a recurso”.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Ignacio Romaní, le ha pedido que asuma con su propio patrimonio el pago de mil euros que supone las costas de esta sentencia. "Eso no lo tenemos que pagar todos los gaditanos". Además ha recordado que es la segunda vez que se le dice al equipo de Gobierno que se cumpla la ley. Romaní también ha anunciado que estudiarán las consecuencias de haber tomado una "decisión arbitraria, sin documento y sin planificación administrativa" para asumir el coste del procedimiento. El popular ha hecho hincapié en que "Cádiz no se merece un gobierno anticapitalista que continuamente están intentando saltarse la ley" y los ha comparado con los catalanes independentistas.
