Ocho de los diez acusados de regularizar inmigrantes de forma fraudulenta han aceptado su culpabilidad y se han conformado con penas de multa de 450 y 1.350 euros por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los otros dos acusados no se ha personado en el juicio, aunque uno de ellos lo hará la próxima semana para adherirse al acuerdo.
De esta forma, la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha cerrado este caso en el que inicialmente el fiscal reclamaba seis años y medio de prisión para cada uno de los acusados. Sin embargo, los acusados se han acogido al nuevo Código Penal tras la última reforma por ser más beneficiosas las penas para el delito por el que finalmente han sido condenados.
Para aplicarles el nuevo Código y alcanzar el acuerdo, el Ministerio Fiscal ha modificado el relato de los hechos. Así considera probado que durante el periodo comprendido entre agosto de 2015 y principios de 2016, los acusados "cada uno desde sus respectivos domicilios y en la medida de sus posibilidades, pero sin conexión estructural entre ellos, ayudaron a varias personas de nacionalidad marroquí a permanecer en el territorio nacional".
