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Martes 19/11/2024
 

Cádiz

Sanidad prepara endurecer las medidas contra el tabaco

El Ministerio de Sanidad se plantea por primera vez ampliar la Ley Antitabaco para prohibir fumar en todo los lugares públicos, incluidos los bares y lugares de ocio, avanzó la titular de este departamento, Trinidad Jiménez.

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Andaluc�a Informaci�n
  • La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, durante la entrevista con Efe. -
El Ministerio de Sanidad se plantea por primera vez ampliar la Ley Antitabaco para prohibir fumar en todo los lugares públicos, incluidos los bares y lugares de ocio, avanzó la titular de este departamento, Trinidad Jiménez.

“Estamos preparados para plantearnos ampliar los términos de aplicación de la Ley”, señaló la ministra, al ser preguntada, en una entrevista con Efe, por si estaba dispuesta a endurecer la normativa que entró en vigor en enero de 2006.

Jiménez explicó que la Ley está en “fase de evaluación”, para ver cuál es el grado de éxito en su aplicación, y agregó que lo siguiente será ampliar las áreas libres de humo.

La ministra reconoció que la Ley contra el tabaco produjo un efecto “muy beneficioso en su momento”, ya que, al año siguiente de que se aprobara, habían dejado de fumar más de un millón de personas.

No obstante, declaró que “en este momento” las autoridades sanitarias se han encontrado con que existen “muchas lagunas” en su aplicación, por un lado, y por otro, que “ése carácter disuasorio inicial no se ha completado”.

Jiménez subrayó que “la prohibición de fumar en espacios públicos se ha extendido prácticamente a todos los países europeos” y a algunos, como Turquía, que tienen “una tradición de consumo muy alto”.

“Una vez que España ya puso en marcha su Ley y se aprobó la posibilidad de que determinados espacios públicos quedarán libres de humo –prosiguió–, creo que en este momento estamos preparados para plantearnos si hubiera que ampliar los términos de aplicación de la misma”.

La ministra aventuró que esto contribuiría, “un paso más cada día”, a acabar con la situación, por lo que mostró su voluntad de “seguir trabajando en esa dirección”.

Las razones que esgrimió la titular de Sanidad para ampliar los espacios sin humo son que el tabaquismo es “un problema de salud pública” y que, además, es preciso velar por “el buen funcionamiento y el uso racional de los servicios sanitarios”.

“Las personas que fuman utilizan más los servicios sanitarios y consumen más fármacos, lo que aumenta los gastos sanitario y el farmacéutico”, aseveró.

A su juicio, tiene que llegar un “mensaje claro” a la gente sobre este problema y “nuestra sociedad está cada día más preparada para recibir ese mensaje: el de la gravedad del uso del tabaco”.

Jiménez se ha solidarizado con el clamor de numerosas organizaciones sociales, científicas y de pacientes que piden que se prohíba fumar en todos los establecimientos públicos.

“Hay una cosa en la que tengo una profunda convicción y es que es muy importante que actuemos desde todos los frentes para erradicar el tabaquismo de la vida de los ciudadanos”, recalcó.

Además, indicó que “en muy poco tiempo” se incorporarán a las cajetillas de tabaco los nuevos pictogramas que disuaden de este hábito, entre los que, previsiblemente, figuran pulmones destrozados, tumores en carne viva o dentaduras podridas.

La titular de Sanidad abundó en que el tabaco mata, no solamente desde el punto de vista de las afecciones respiratorias o el cáncer de pulmón, sino también por ser un factor de riesgo para sufrir infartos y cardiopatías.

Actualmente está permitido fumar en restaurantes y bares de menos de cien metros cuadrados, que suponen el ochenta por ciento del total, con lo que los efectos prácticos de la Ley son muy limitados.

De hecho, sólo 40.000 de los más de 350.000 locales de ocio existentes en España están libres de humo o cuentan con espacios compartimentados para los fumadores.

El pasado 18 de junio, el Congreso instó al Gobierno a endurecer la Ley Antitabaco, “avanzando en la ampliación de los espacios libres de humo de manera progresiva”.

Los grupos parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que elaborase un informe de evaluación del cumplimiento e impacto de la normativa, que tendría que presentarse en la Comisión Sanidad al finalizar 2009, como base que permita mejorar el texto legal.

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