Un jurado popular tiene previsto juzgar a principios del próximo mes de febrero a dos guardias civiles de tráfico de Málaga, acusados por la Fiscalía malagueña de, supuestamente, exigir dinero o regalos a transportistas a cambio de evitar multas o sanciones y de obtener información. Además, están procesadas otras seis personas.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, estos dos acusados, aprovechando "la información propia del ejercicio de su cargo" y puestos de acuerdo con otro hombre, cuñado de uno de los anteriores y que hacia de intermediario, "presionaban" a los propietario de empresas de transportes solicitando pagos para no imponer multas por infracciones graves, como sobrepasar el peso máximo o no llevar la documentación en regla.
"Ofrecían siempre un trato de favor a cambio de contraprestaciones de toda índole, desde dinero en efectivo a regalos", como dos botellas de vino y medio queso, señala la acusación pública, apuntando en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que en alguno casos estaba previamente concertado y en otros "se solicitaba tras la materialización del trato de favor".
Los hechos sucedieron a mediados de 2015. El ministerio fiscal sostiene que los agentes solicitaban a los empresarios determinadas cantidades mensuales o al trimestre "a cambio de evitar sanciones", así como de obtener información de los controles de pesaje.
Así, al menos dos responsables de empresas transportistas denunciaron estos hechos "ante la gravedad"; pero otros, en concreto cinco, supuestamente aceptaron realizar esos pagos o sobornos, por lo que están acusados en esta causa, indica la Fiscalía, igual que el intermediario.
Según sostiene el ministerio público, los dos agentes acusados, aunque estaban en el subsector de tráfico, accedían a información reservada del área de transportes, bien visitando las dependencias diciendo que todos eran compañeros o con una clave que uno de ellos tenía; de forma que obtenían datos como la ubicación de los controles de pesaje.
Esa información la transmitían a los transportistas concertados y a otras personas, indicando itinerarios alternativos. Utilizaban en esos mensajes un lenguaje "velado ya convenido", con frases como "mañana picoteo en varios bares. No vengas comido. Un día es un día" o estamos en la rotonda del mercado".
Así, se acusa a todos los procesados por los delitos de cohecho y otro de revelación de secretos, solicitando inicialmente cinco años de prisión para los agentes y para el intermediario y seis años de cárcel para los empresarios. Además, para los guardias civiles se solicita 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público. A todos se solicita multa de 10.800 euros.
