El expresidente del Gobierno Felipe González ha reconocido este martes que tiene "dificultad" para ver la comisión de un delito de rebelión por parte de los dirigentes independentistas que diseñaron y pusieron en marcha la hoja de ruta del 'procés', entre ellos el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, en prisión preventiva.
Así como cree que se dan "prácticamente todas las condiciones" para considerar que se han cometido delitos de sedición y de malversación de caudales públicos, González ha afirmado en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, que la rebelión es "un delito difícilmente probable".
González, que advirtió en 2012 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que debía tomar la "iniciativa política" en Cataluña --comenzaron entonces una serie de contactos en Barcelona y Madrid-- cree que debería haberse evitado llegar a la "dimensión penal" del conflicto, algo que ya se ha vuelto inevitable.
Asegura que él habría sido partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución para parar la consulta soberanista de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. Eso sí, ha dicho, en una versión "más restrictiva" que la que está vigente en la actualidad. En su opinión, entonces quizás hubiera bastado con suspender en sus funciones al entonces president de la Generalitat, Artur Mas.
CUESTIONA LA PRISIÓN PREVENTIVA
González ha señalado que, en general, la prisión preventiva es una medida que a él no le gusta. Y aunque reconoce que al juez del Supremo Pablo Llarena que instruye la causa "se lo están poniendo muy difícil" para que ponga a los presos del 'procés' en libertad, admite que él estaría más cómodo si fueran liberados.
Pero la insistencia del entorno de Puigdemont en llevar adelante una investidura a distancia del presidente cesado "conduce inmediatamente a que la instrucción que hay en el Supremo en contra de sus propios compañeros de ideología se enturbie aún más" porque pone de manifiesto un "propósito de no respetar la legalidad estatutaria", ha explicado.
Según González, las investiduras a distancia no es que no las contemple el Estatut catalán ni el ordenamiento jurídico nacional, sino que no existen en ninguna parte del mundo. "¿Podríamos proponer que un elefante fuera presidente porque no lo impide el reglamento?", ha ironizado.
El expresidente no ha querido hablar de su partido, el PSOE, porque prefiere evitar interferir en la toma de decisiones. Sí ha revelado que ha hablado "alguna vez" con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque éste le ha llamado.
No ha conversado en cambio en los últimos tiempos con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pero está dispuesto a hacerlo si le llama e incluso confía en que esa conversación se va a producir. Con el que no habla desde hace unos tres años y medio es con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Ha incidido en que, aunque en alguna ocasión pueda coincidir con algún discurso político de los que escucha, no ve en ninguna de estas fuerzas "un proyecto de España", reformista e ilusionante y ha advertido de que España "ni está ni se la espera" en el extranjero, en primer lugar porque este país no sabe qué hacer consigo mismo.
En su opinión, es imperioso diseñar una estrategia para las pensiones, la educación, para "dignificar el trabajo", porque la única aportación genuinamente española para salir de la crisis ha sido devaluar los salarios.
A FAVOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
González ha mostrado una "actitud proactiva" para reformar la Constitución, lo que considera necesario para cambiar algunas cosas, entre ellas el título VIII sobre la organización territorial y el Senado. En su opinión, no hay que tener miedo a revisarla porque la Carta Magna es "más avanzada, abierta y garantista" que todas las anteriores que se copiaron en parte.
Con sarcasmo ha comentado que el debate sobre la reforma constitucional constituye una oportunidad "fantástica" para que todos "la relean" y la conozcan en profundidad.
Y al tiempo que ha defendido el artículo 155 de la Constitución como un mecanismo "necesario" en países descentralizados para garantizar la lealtad institucional, ha advertido al Gobierno de que pierde legitimidad a la hora de exigir a las autonomías que sean leales con el Estado cuando actúa, por ejemplo, invadiendo sus competencias o cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejerce una "presión irregular" a las Comunidades Autónomas con el único objetivo de que sus partidos apoyen los presupuestos del Gobierno central.
