María (nombre ficticio) lleva semanas viviendo pendiente del móvil. De una llamada que parece no llegar nunca. De que el Ayuntamiento decida reanudar el servicio de refuerzo a la dependencia, suspendido desde el pasado 7 de diciembre al expirar los contratos de la plantilla sin que estuviese preparada su renovación.
“Hay días y días. Unos estamos más desanimadas, y otros confiamos en que de un momento a otro va a sonar el teléfono. Pero nada”, narra María a Viva Sevilla. Al igual que ella, otras 25 empleadas sociales aguardan a que el gobierno municipal active la contratación para esos 26 puestos que están a la espera de ser asignados.
Su teoría, según defienden, es que el Ayuntamiento está dilatando intencionadamente el proceso de reactivación de la dependencia porque “sabe que con el dinero que le asigna la Junta, que incluso ha aumentado (740.497 euros), no tiene para cubrir todo el año”.
Desde la delegación de Biesnestar social ya les han transmitido que los contratos a asignar serán de 6,5 horas diarias durante siete meses y medio. “En base a eso, si lo que pretenden, como parece, es poder llegar hasta finales de año, esperamos que no pretendan llamar a mediados de mayo para así poder estirar el chicle hasta diciembre, como pasó el año pasado. Eso implicaría seguir esperando otros tres meses”.
El programa de refuerzo a la dependencia tiene entre sus funciones la tramitación de nuevas solicitudes de reconocimiento de dependencia, la elaboración de programas individuales de atención (PIA); la revisión de los expedientes ya resueltos y el seguimiento y control de todo el proceso. “Funciones que, por culpa de estas interrupciones, es imposible seguir”.
En la misma línea, el sindicato CSIF denuncia que Bienestar social es la única área del Ayuntamiento de Sevilla sustentada, en gran parte, por personal en situación de interinidad, de plantilla o adscrito a programas inestables, éstos/as últimos con jornada reducida y con una duración media de 6 meses, que no permiten una intervención social integral y continuada.
“Esto provoca un doble maltrato: a los profesionales, y por descontado a los ciudadanos: personas mayores abandonadas, otras con enfermedad mental sin red de apoyo... Hay casos recuperables, pero sólo si se les hace un seguimiento. Y así, interrumpiendo cada 7 meses los programas, es imposible”, lamenta María. La plantilla seguirá hoy pendiente de su móvil. Como los ciudadanos de esa llamada para recibir la ayuda solicitada.
