La Fiscalía de Granada ha pedido penas de entre un año y medio y cinco años de prisión para un total de catorce acusados de ponerse de acuerdo para simular supuestamente relaciones laborales inexistentes en el seno de nueve empresas relacionadas con el transporte y el deporte al objeto de "obtener un beneficio patrimonial ilícito defraudando al Servicio Público de Empleo Estatal" y eventualmente a la Seguridad Social.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, estas empresas tenían una actividad económica que era "nula o a todas luces insuficiente para cumplir su objeto social y servir de base, consecuentemente, para la obtención de las prestaciones".
Los acusados tenían relaciones familiares entre ellos al estar casados, ser hermanos o padres e hijos, pidiendo el Ministerio Público para el supuesto cabecilla, un hombre de 69 años, una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros por la presunta comisión de delitos continuados de falsedad en documento oficial cometida por particular, y de estafa agravada.
En la mayoría de las empresas, el trabajador contratado se dedicó a funciones administrativas, sin que constara la existencia de otros trabajadores "que realizaran cometidos que tuvieran que ver con la actividad económica de la empresa". Recibían, según la Fiscalía, "prestaciones por desempleo una vez terminada su relación laboral" o por baja.
Tenían domicilios en ciudades "distintas y distantes" de las de las sedes de las empresas, que fueron constituidas la mayoría en la década pasada en ciudades de la provincia como Granada y Motril, y también en Almería y Galicia.
La única documentación hallada sobre las mismas que obra en los archivos de las administraciones públicas se refiere "a su creación y al cumplimiento de los requisitos legales necesarios para su existencia formal pero que, por lo general, no reflejan una actividad comercial".
Ninguna de ellas tenía la autorización que habilita para la realización de trámites con la Tesorería de la Seguridad Social y en la mayoría de los casos no consta el pago del impuesto de sociedades. Las que declararon sus movimientos reflejaban una actividad "tan escasa que es difícilmente conciliable con la propia supervivencia de la empresa".
Para conseguir las prestaciones, relata el fiscal, se daba de alta al supuesto trabajador en la Seguridad Social mediante un contrato simulado entre los acusados que actuaban como empleados y los que lo hacían como empresarios, que posteriormente los registraban en el INEM.
Esto ponía en marcha el mecanismo de protección del trabajador al comenzar la cotización que da derecho por ejemplo a la prestación por desempleo, si cesa la relación laboral.
El Ministerio Público estima que el beneficio obtenido por este fraude puede rondar los 100.000 euros y atribuye a los acusados varios delitos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude de prestaciones en la Seguridad Social por los que pide penas de entre un año y medio y cinco años de prisión; así como multas de hasta 3.000 euros.
Está previsto que los hechos sean enjuiciados entre los próximos días 20 y 22 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, después de que la vista oral fuera señalada anteriormente para el pasado 9 de octubre, cuando el juicio no se llegó a celebrar.
