La Audiencia de Granada acogerá del 17 al 19 de abril el juicio contra dos exalcaldes de La Tahá de Pitres, los socialistas José Jesús García Aragón y Rosario Fernández, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad por operaciones bancarias relacionadas con el crédito que solicitó el Ayuntamiento para hacer frente al pago de la construcción de un instituto y que provocaron una "deuda inasumible" para las arcas públicas.
En el banquillo de los acusados también se sentará un exconcejal y la persona que ejercía las funciones de secretario municipal cuando se produjeron los hechos investigados, que se remontan a 2004. Fue en ese año cuando el Ayuntamiento y la Consejería de Educación firmaron el acuerdo para la construcción del instituto con un presupuesto de 1,89 millones de euros, cuya financiación sería asumida íntegramente por la Junta.
La Fiscalía acusa a tres de las cuatro encausados por supuestas irregularidades en las renovaciones del crédito que contrajo el Ayuntamiento y que propiciaron el "absoluto endeudamiento municipal", según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.
Para la exregidora Rosario Fernández y para el exsecretario solicita la pena de 5 años y 9 meses de prisión; nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 7.200 euros. Para el exedil, pide una condena de cuatro años y diez meses de prisión y multa de 5.040 euros.
El Ministerio Público aprecia delitos de prevaricación, de falsedad cometido por funcionario público y de uso de documento público falso. Aunque no acusa al exalcalde José Jesús García Aragón, igualmente será juzgado porque sí han formulado cargos contra él las dos acusaciones particulares personadas en la causa. Por una parte está el Ayuntamiento de La Tahá, ahora gobernado por el PP, que solicita para el exregidor ocho años de prisión y nueve de inhabilitación.
El consistorio también pide penas de cárcel e inhabilitación para el resto de los acusados, al igual que la acusación ejercida conjuntamente por tres asociaciones, según consta en sus escritos de acusación provisional, consultados por Europa Press.
Según el relato del fiscal, el por entonces alcalde José Jesús García Aragón firmó en diciembre de 2004 un convenio con la Consejería de Educación para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria con un presupuesto de 1,89 millones de euros, cuya financiación sería asumida íntegramente por la Administración andaluza.
Según recogía el convenio, la aportación económica se realizaría a lo largo de cuatro anualidades entre 2004 y 2007, estando previsto que la última aportación fuera la más elevada, con 1,5 millones de euros.
En este contexto, el 21 de julio de 2005 el regidor socialista firmó una operación de crédito con una entidad bancaria por 1,8 millones, el importe equivalente a las dos últimas anualidades que recibiría el Ayuntamiento por parte de la Junta.
La garantía de pago de esta operación fueron las cantidades reflejadas en el convenio con la Consejería de Educación, que en febrero de 2007 ingresó a la cuenta del Ayuntamiento algo más de un millón de euros correspondiente a la parte total de coste de la construcción del centro. Sin embargo, este dinero no se destinó en ese momento a pagar el crédito.
Tras las elecciones municipales de junio de 2007, accedió a la Alcaldía la otra exalcaldesa socialista acusada, Rosario Fernández, y fue entonces cuando "tomó profundo conocimiento de la grave situación económica por la que atravesaba la corporación".
"OCULTARON EL INGRESO DEL DINERO"
El fiscal señala que tanto ella como el secretario --nombrado en su momento por el anterior regidor-- "ocultaron" al pleno que había sido ingresado el dinero de la Junta y no solo no saldaron el crédito o lo redujeron sino que "llevaron a cabo la renovación de la póliza hasta en tres ocasiones", con "la intervención del concejal en aquella época".
El Ministerio Público sostiene que las renovaciones se realizaron sin contar con la correspondiente autorización del pleno, "aún a pesar de la conciencia de que generarían una deuda inasumible para el erario municipal, hecho que conllevó una situación de total ruina".
La supuesta falsedad se habría cometido con la aportación a la entidad bancaria de un documento falseado para mostrar que quedaba un pago pendiente de realizar por la Junta --lo cual no era verdad-- y conseguir así la renovación de la póliza.
Según la Fiscalía "no consta" que los acusados actuaran con ánimo de lucro, destinando a fines ajenos a los gastos públicos las cantidades recibidas de la Consejería de Educación y que no fueron invertidas en la construcción del colegio.
El Ayuntamiento de La Tahá sí acusa al exregidor José Jesús García Aragón de un presunto delito de malversación de caudales públicos y pide que los cuatro acusados indemnicen a las arcas municipales con 1,09 millones de euros por el ingreso en 2007 de la subvención de la Consejería de Educación que no fue destinada al pago de la póliza. También reclama el consistorio más de 376.188 euros en concepto de distintos intereses bancarios.
El caso se inició a raíz de una denuncia del alcalde de La Tahá, Marcelo Avilés (PP), quien ha relatado en declaraciones a Europa Press que aunque el centro está construido, el Ayuntamiento adeuda el crédito y mantiene un pleito con la entidad bancaria "por colaborador necesario". El regidor afirma que este asunto ha sido "la ruina" de los siete núcleos de población que integran el municipio, cuyos habitantes "han sido expoliados", censurando que la Junta de Andalucía y la Diputación "no hayan hecho nada" respecto a esta causa.
