En el barrio de la Victoria, concretamente en el edificio la Corrala La Guevara, viven cinco familias que luchan desde hace años por su derecho a una vivienda a pesar de encontrarse con la implacable oposición de las instituciones, la banca, los grandes capitales y el modelo de turismo depredador de las grandes ciudades, entre las que se encuentra Málaga.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”, reza la Constitución Española, esa misma que defienden sagradamente los políticos mientras acompaña a sus intereses o no molesta a los de la banca, que ya se sabe que “siempre gana”.
En el caso de la Corrala, el edificio fue recuperado por el Banco Popular en 2013 y, desde el momento en que estas cinco familias se realojaron en el mismo, informaron a su propietario legal de su presencia en el inmueble con voluntad de negociación y diálogo, llegando a un acuerdo por parte de la entidad de no denunciar hasta que se iniciasen las negociaciones, un acuerdo que el banco no mantuvo ya que la siguiente noticia que recibieron las familias fue que “el Banco Popular las sentaba en el banquillo de los acusados para criminalizarlos y desposeerlos de las necesidades más básicas” informan desde Stop Desahucios.
El resultado de esos procedimientos judiciales fue de “cuatro de las familias condenadas por la vía penal a desahucio y multas que de no ser pagadas supondrían prisión”. De esas cuatro familias, dos de ellas “aterradas” abandonaron sus hogares “para hacinarse todos en una habitación de un familiar”, denuncian las mismas fuentes. La quinta familia, sin ninguna otra alternativa, ocupó de nuevo una vivienda del banco.
Por el momento, las otras dos familias condenadas a abandonar su vivienda, no lo han hecho. Una de ellas, mediante movilización social, consiguió un aplazamiento que acaba el próximo 17 de abril. Otra de ellas finalizado el plazo de abandono “voluntario” del hogar, esperan que en cualquier momento llegue la fecha de desahucio. Respecto a la quinta vivienda, tras la absolución por vía penal, se abrió un procedimiento civil que cuenta ya con fecha de juicio el 9 de julio.
El panorama para acceder a una vivienda en Málaga, donde el precio ha subido un 20 por ciento en tan sólo un año, es desolador y, en medio de este proceso, el Banco Santander, que compra por un euro todos los inmuebles de Banco Popular incluyendo la Corrala La Guevara, se niega a hacerse cargo de la negociación de un alquiler social.
Por todo ello, desde la Corrala La Guevara “exigimos a Banco Santander la cesión de viviendas a sus legítimas residentes”, a las personas que “la habitamos, la conservamos, que hacemos refugio de ella, que hacemos comunidad, barrio, y resistencia a un modelo de ciudad impuesto por y para los grandes capitales” e informan, además, que “no nos vamos porque no tenemos adonde. Porque las instituciones públicas no ofrecen alternativas. Porque los programas para personas en exclusión social, son una cortina de humo. Porque la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Málaga es un fracaso y deja a la gran mayoría de sus ‘beneficiarias’ sin acceso a una vivienda”.
