La Fiscalía de Huelva ha pedido el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa de los cursos de formación contra el que fuera delegado de Empleo Eduardo Muñoz, y otros seis cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva de la Junta de Andalucía que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a unas empresas de formación en la convocatoria de 2011, según ha podido confirmar Europa Press.
Asimismo, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía, el Ministerio Fiscal de Huelva señala en su escrito que los hechos investigados en el informe, elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Ucdef) de la Policía Nacional por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación, "no son constitutivos de delito".
Por ello, considera que "no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria, las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas" y cree que "no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono".
También indica que "no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos".
En el procedimiento abreviado instruido contra el que era delegado de Empleo y director provincial del SAE en Huelva, Eduardo Muñoz, el secretario general de Empleo, el jefe del servicio de Formación para el Empleo, el jefe del Departamento de Análisis Programación y Formación Continua, dos técnicos de la comisión de valoración y la funcionaria de justificación económica, la Fiscalía encuentra determinadas irregularidades o deficiencias que podrían tener una repercusión en el ámbito administrativo pero "sin llegar a alcanzar a integrar los delitos de prevaricación y malversación".
APRECIA DEFICIENCIAS PERO NO DELITOS
Entre las deficiencias señala la escasez de personal para supervisar los cursos o en el sistema informático para homologar las entidades beneficiarias de los cursos al igual que el utilizado para la justificación contable "pero no imputable a los funcionarios que desarrollaron el trabajo, y mucho menos para imputarles la comisión de esos delitos", indica el escrito fiscal.
Sobre la presunta malversación de caudales públicos, la Fiscalía afirma que la actuación de los investigados no ha supuesto una pérdida de fondos públicos, pues el destino dado a las subvenciones para los cursos de formación para el empleo "será legítimo por serlo el procedimiento seguido". Tampoco aprecia ánimo de lucro propio o ajeno en los investigados.
Del mismo modo, también considera que no se ha acreditado que hubiera un plan conjunto en el que habrían participado los investigados o que actuaran de acuerdo con las empresas, que, supuestamente, fueron beneficiadas.
La petición de archivo de la Fiscalía de Huelva coincide, en forma y en argumentos semejantes, a lo acordado por otros Juzgados de Instrucción de distintas capitales andaluzas que han instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como 'caso Edu'.
