La toma de posesión de los consellers del Govern de Quim Torra este sábado ha supuesto el levantamiento automático del artículo 155 de la Constitución y la recuperación del autogobierno por parte de la Generalitat tras 218 días de intervención.
El Gobierno activó el 155 el 27 de octubre tras la proclamación de independencia en el Parlament, especificando en su acuerdo que la intervención estaría vigente "hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat".
Los más de 7 meses transcurridos desde entonces se han vivido de maneras antagónicas: los independentistas los califican como los más negros y tristes de la historia de la democracia, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy ha reivindicado que han servido para devolver la normalidad y la estabilidad a Cataluña.
En lo que sí coinciden el Gobierno de Rajoy y el soberanismo es en que el levantamiento del 155 se debería haber producido hace muchos meses y, más concretamente, tras las elecciones del 21 de diciembre.
El objetivo del Ejecutivo central era que tras los comicios se invistiera rápidamente a un presidente y un Govern "legales y efectivos", un objetivo que no concordaba con las reivindicaciones independentistas a favor de la restitución de Carles Puigdemont y su Ejecutivo.
JxCat y ERC han intentado hasta cuatro investiduras antes de llegar a la de Quim Torra: Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez en dos ocasiones, todas ellas truncadas por los tribunales.
Los dos grupos independentistas también han intentado restituir a parte del Govern de Puigdemont pero se han encontrado con el veto del Estado, que se ha negado a publicar los nombramientos para hacerlos oficiales hasta que en la lista no hubiera ningún conseller preso ni en el extranjero.
259 CESES
La aplicación del 155 supuso el cese inmediato de Puigdemont, todo su Govern y varios altos cargos el mismo 27 de octubre, pero desde entonces ha habido más destituciones.
La entidad de funcionarios públicos Servidors.cat ha cifrado en un mínimo de 259 los ceses realizados por el Gobierno central --principalmente en la conselleria de Economía-- y en 24 los organismos eliminados --entre ellos las delegaciones en el extranjero--.
A través del hasta ahora delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el Gobierno central ha reivindicado en numerosas ocasiones los efectos beneficiosos que el 155 ha tenido para Cataluña y ha avisado de que se vigilará muy de cerca a la Generalitat aunque se levante la intervención de la autonomía.
Se prevé que sigan intervenidas las finanzas de la Generalitat, una medida que a Cs le parece insuficiente: la formación naranja exige que el 155 no se levante y que haya una especial intervención sobre los medios públicos y los Mossos.
APLICACIÓN DISCRETA
Millo también ha detallado en varias ocasiones que nunca se ha pisado la Generalitat por respeto a las instituciones catalanas y que la intervención de la autonomía ha sido muy discreta, bajo la batuta general del secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro.
Se prevé que la salida del Gobierno de la Generalitat sea igual de discreta que su entrada: los movimientos empezaron hace días y el encargado de supervisar a los Mossos d'Esquadra, Juan Antonio Puigserver, abandonó su despacho en la Conselleria de Interior coincidiendo con la sesión de investidura en el Parlament de Quim Torra.
El presidente catalán ya ha avisado de que hará todo lo posible para reparar los efectos del 155 y que una de sus primeras decisiones será la creación de un comisionado para "investigar las consecuencias" de la intervención de la autonomía.
