Txeroki, detenido el 16 de noviembre del año pasado en Francia, será trasladado a España el próximo día 21 y permanecerá en territorio nacional hasta el 26 de septiembre.
Esta es la primera vez que se procede a una entrega temporal por parte de Francia en fase de instrucción cuando el terrorista aún no ha sido condenado por ninguna causa en el país donde se produjo su detención.
Las cinco causas por las que se ha concedido la entrega son los intentos de asesinato del dirigente socialista Eduardo Madina, la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo Enrique Ybarra y el de delegada de Antena 3 en Vizcaya María Luisa Guerrero.
Estos atentados fueron cometidos en 2002, época en la que Txeroki integraba el comando K-Olaia, llamado así en recuerdo a la etarra fallecida Olaia Castresana.
El que fuera jefe del aparato militar de ETA será interrogado también por el atentado con coche-bomba perpetrado en Bilbao el 12 de enero de 2002, que se tramita en el juzgado de Santiago Pedraz.
La Fiscalía reclamó la entrega por estas cinco causas concretas, ya que son las que ya cuentan con el visto bueno de la Corte de Apelación de París.
El objetivo de esta medida es poder tomar declaración a Txeroki sobre los cinco procedimientos y asignarle un representante legal, tras lo que será devuelto a Francia hasta que se fije la fecha del juicio oral, cuando se le volverá a reclamar para ser juzgado en España.
El juzgado de Pedraz, el Central de Instrucción número 1, tiene también imputado a Aspiazu como partícipe en la colocación de una bomba-lapa en febrero de 2002 en el vehículo del diputado del PSOE y entonces dirigente de las juventudes socialistas vascas, Eduardo Madina, que perdió una pierna en la explosión.
En el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular Ismael Moreno, están las dos causas de los envíos de dos paquetes-bomba el 17 de enero de 2002 al presidente del grupo Correo y a la delegada de Antena 3 en Vizcaya, y la del atentado contra Esther Cabezudo y su escolta.
Además de estas causas, Aspiazu tiene abiertos otros dieciséis procesos en la Audiencia Nacional, entre ellas la que investiga Pedraz sobre el atentado de la T-4 en el aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, que supuso la ruptura real del alto el fuego decretado por ETA en marzo de ese mismo año y que acabó con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos.
El juez Fernando Andreu le acusa también de haber encargado a los miembros de la llamada caravana de la muerte el traslado de una furgoneta cargada de explosivos (506 kilos de cloratita y 30 de dinamita Titadyne) para cometer un atentado en la capital días antes de que se produjera el del 11-M, acción que fue impedida al ser interceptado el vehículo en Cañaveras (Cuenca) el 19 de febrero de 2004.
Otra de las causas pendientes, que tramita el juez Baltasar Garzón, es la relativa al intento de atentado contra el Rey durante la Semana Santa de 2004 en Palma de Mallorca.
Por otra parte, la Audiencia Nacional estudia hoy si prorroga la prisión de cinco dirigentes de Batasuna al cumplirse el plazo máximo de dos años de prisión preventiva desde su detención en 2007, y que se encuentran pendientes de ser juzgados en relación con la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
La sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal decidirá si amplía la prisión de Joseba Permach, Joseba Álvarez Forcada, Rufino Etxeberria, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro.
