La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado hoy la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en San Fernando (Cádiz), donde ha informado que actuará en la barriada Bazán de dicho municipio, con una inversión de más de 600.000 euros.
Acompañada de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, Sánchez Rubio ha informado que este plan actuará en la provincia de Cádiz en 18 zonas de 13 municipios con población vulnerable y en las que residen más de 203.500 personas.
La responsable de las políticas sociales de Andalucía ha detallado que las zonas en las que se actuará serán Algeciras (Zona Sur), Arcos de la Fronteras (Jédula y Arcos de la Frontera Sur), Barbate (Montaraz), Cádiz (Barriada de la Paz y Barriada de Loreto), Chiclana (Plaza Mayor-Fuente Amarga), Jerez de la Frontera (Distrito Sur, Distrito Oeste Jerez y Distrito Oeste Picadueñas), Línea de la Concepción (El Junquillo y Atunara), Medina Sidonia (Barriada La Paz), Puerto de Santa María (Barrio Alto), Puerto Serrano (Barriada Guadalete), San Fernando (Barriada Bazán), San Roque (Puente Mayorga) y Sanlúcar de Barrameda (Barrio alto, barrio bajo).
Los Planes Locales son elaborados por las entidades locales en los municipios de más de 20.000 habitantes y por las Diputaciones provinciales para los municipios de menos de 20.000 habitantes donde se ubican zonas desfavorecidas.
Por su parte, ha señalado que “a nivel regional, la Junta de Andalucía destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de un millón de personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma”.
La estrategia arranca en 2018 con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.
Con respecto a la primera de estas convocatorias, la provincia de Cádiz recibe en 2018 para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 165.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir más de 6 millones de euros.
La consejera ha explicado que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”.
También ha especificado que “la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria”.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas para alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
La Estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
