La jueza que investiga el accidente mortal ocurrido el 20 de agosto de 2017 en un ascensor del hospital sevillano de Valme, en el que murió la joven Rocío Cortés cuando era trasladada a planta tras dar a luz a su tercera hija, ha ordenado rastrear las llamadas entre el personal en el momento del siniestro.
Así lo ha acordado, a petición de la defensa del ascensorista investigado, en un auto del 2 de agosto -notificado el 4 de septiembre- al que ha tenido acceso Efe, y en el que amplía el rastreo ya iniciado de las comunicaciones salientes a las llamadas entrantes en once líneas de la centralita del hospital y otras tantas del personal del centro y de la empresa de mantenimiento del ascensor Orona.
En concreto, la jueza libra oficio a Telefónica y Vodafone para que permitan al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional acceder a las llamadas entrantes entre las 14.28 y las 14.38 horas del 20 de agosto de 2017 -minutos antes y después del siniestro-, y a la localización de 22 números.
Se trata de once de centralita, uno de Orona, tres del Jefe de Guardia, supervisor de guardia y encargado de turno del hospital, dos asociados a los facultativos de guardia de la UCI, dos al médico de guardia de cirugía, uno del celador de quirófanos, otro del jefe de mantenimiento de Ferroser y uno del control de enfermería de cirugía cercano a la zona de los hechos
Para la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, concurren los "principios de necesidad, excepcionalidad e idoneidad" al ver preciso analizar el tráfico de llamadas en la centralita y líneas corporativas y de personal médico y de mantenimiento "para conocer las horas del suceso y las llamadas intercambiadas entre los profesionales activados y por ello para conocer las activaciones que se producen en los minutos anteriores y posteriores al siniestro".
En otro auto, la jueza accede a la petición fiscal de prorrogar 12 meses más la instrucción a fin de practicar ésta y otras diligencias pendientes como la recepción del informe pericial de la Unidad de Criminalística y la declaración como investigado del celador que llevaba la camilla de la víctima -citado para el 20 de septiembre-.
Precisamente, en el mismo auto la instructora reclama a la Dirección de Recursos Humanos del hospital "documentación relativa a las medidas de seguridad referidas al traslado de enfermos por los celadores-camilleros, que deben figurar en el Plan de Seguridad y Salud del Centro Hospitalario, y la documentación relativa a la formación dada en dicha materia" al celador investigado A.J.F.G.
También pide a la dirección del hospital o a los responsables de Orona o Schindler -la instaladora del ascensor en 1992- que informe acerca de la empresa osuministradora del hardware/software del dispositivo CPU del ascensor siniestrado, cuya memoria fue borrada y se intenta recuperar en Unidad Central de Criminalista de la Policía en Madrid.
Por otra parte, el hospital solicitó al juzgado desprecintar el ascensor siniestrado para iniciar las obras de sustitución, y la jueza así lo acuerdo tras indicar los peritos de Atisae y de Taxo que no necesitan analizar más elementos del mismo.
