Desde hace décadas, El Puerto cuenta con un problema urbanístico al que aún no se ha dado solución, una solución perseguida desde hace años por Coave (Coordinadora de las Asociaciones de Vecinos) y que aún no se ha conseguido, llevándose por delante la tranquilidad de muchos vecinos y suponiendo un drama para otros tantos.
El coordinador de Coave, José Antonio Castro, tiene claro el objetivo en estos momentos, que no es otro que “regularizar lo que hay y no permitir que se construya más. No se construye, porque los vecinos tienen miedo a los expedientes y las multas coercitivas, pero no se regulariza lo que hay”. Y las viviendas existentes, destaca, no son más que viviendas de primera necesidad para la gran mayoría de propietarios. Y es que, como bien explica Castro, cuando El Puerto consiguió tener Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el año 1992, y su revisión (en 2013), no había metros cuadrados para construir de forma legal, de ahí que los ciudadanos, viendo la situación, y alentados por las administraciones, notarios, promotores, etc, construyeron, hipotecando sus vidas en muchos casos, y encontrándose con multas y expedientes que no pueden superar.
Una situación que conlleva que haya verdaderos dramas que se desperdigan por las distintas ARG existentes (siendo en épocas del PGOU 48 y seis que quedaron por urbanizar y que estaban en estado de cooperación y el resto en compensación). Vecinos que han tenido que desistir y ver cómo sus viviendas eran derribadas, algunos tienen el miedo en el cuerpo al no saber quién llamará a casa, otros que no pueden dejar su “herencia” en vida a sus hijos. Según ha podido saber este medio, hay vecinos con problemas psicológicos “simplemente por haber construido donde el Ayuntamiento nunca les dijo que no podían”, o bien “porque tu vecino se cabree y te denuncie”, como le ocurrió a Diego Llopis en la zona de Cantarranas, siendo el ejemplo de esos casos de “mala vecindad”.
Este medio, a pesar de no desvelar la identidad de un portuense afectado, da a conocer la historia de un ciudadano que “hace quince años empeñé mis ahorros en una vivienda, a pesar de haber preguntado en el Ayuntamiento, y que me permitieran construir, pero he pagado varias multas, y me quedan algunas pendientes. He estado varias veces por abandonar y tirar yo mi casa, para que no lo haga nadie, porque me tienen con el agua al cuello. Y no puedo más, porque me va a costar la salud”, explica.
Normativa Pero como bien detalla Castro, la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), debió de haber aceptado la situación real de las más de 320.000 viviendas ilegales apuntadas en el año 2000 por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizó, que emitió un informe al respecto. Pero en vez de solucionar el problema “en la mayoría de los casos se abrieron expedientes, pero no cuando el vecino comenzaba con los cimientos, sino cuando llevaba años viviendo en su casa, para que no prescribieran los casos”. Además, apunta que “se suponía que las multas tenían un fin predeterminado, que era descontar las cantidades pagadas a la hora de la urbanización, pero no ha sido así”, y los vecinos se ven pagando multas, y además, tendrán que abonar los gastos de urbanización llegado el momento. Ordenanzas de ARG En cuanto a El Puerto, las ARG están muy repartidas por todo el término municipal, según destaca Castro.
Y desde 2013 hasta ahora “se ha hecho las ordenanzas de las ARGs, que se llevaron a Pleno y se aprobaron por unanimidad de políticos y vecinos”, siendo un proceso que duró bastantes meses de negociaciones y arduo trabajo de los ciudadanos, pero en cambio “la revisión del Plan General se hizo por vía de urgencia, con muchos concejales ausentes y sin representación vecinal”, por tanto, lo que se sentían como varias herramientas para poder afrontar la problemática de las ARG se ha convertido en “nada, porque seguimos sin instrumentos para poder solucionar el problema”. A la revisión de las ordenanzas,
Coave presentó distintas propuestas, como la elaboración de un plan director de infraestructuras que determine tiempos de actuación y la inversión prevista; la suspensión cautelar de los expedientes disciplinarios de orden de derribo y las multas coercitivas de las viviendas que se encuentren con mandato de regularización por el PGOU; la reducción de las multas coercitivas impuestas; financiación del coste municipal acorde con los ingresos de los ciudadanos; búsqueda de acuerdo por parte municipal con entidades financieras que posibiliten el proceso; elaboración de un informe sobre la peligrosidad por el mal estado de las carreteras, accesos, etc, tanto para vehículos como para peatones; reclamar a la Junta las inversiones previstas en el PGOU; e incorporar a la comisión de seguimiento a un representante de Apemsa y otro de las juntas de compensación legalmente constituidas.
Otro aspecto que preocupa al coordinador de Coave es el POT (Plan de Ordenación del Territorio) y la afección del Corredor Verde a las zonas de Pago Machete, Las Manoteras y Whinthyssen. En el proceso de redacción de dicho POT, explica Castro, que se tenían que sentar las ciudades afectadas, pero El Puerto no acudió, para mostrar sus soluciones e intentar pujar por sus circunstancias. “Cuando se redactaba el POT, se estaba redactando la revisión del Plan General, y viviendas que entraron en el Corredor Verde, en la revisión estaban como urbanas no consolidadas. Se perdió la oportunidad de alegar la parte del POT que iba a afectar a distintas viviendas, pero no se hizo nada”. En estos momentos hay una nueva redacción del POT, “pero por el camino y a lo largo de los años hay viviendas que tienen expedientes de derribo y algunas con sentencia firme”, lo que para Coave es una “aberración”.
En 2012, Castro indica que, en reunión de representantes municipales con el delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, se acordó que “en ese nuevo POT se eliminaría la protección medioambiental de las viviendas del corredor”, por ello Coave pide que “el Ayuntamiento haga lo imposible para que no se tiren esas viviendas, porque llevan mucho tiempo engañándonos, y a lo largo de los años la solución a estos problemas no llega” a esta problemática.
Federación andaluza de afectados al Parlamento
Una federación andaluza de afectados ha trasladado al Parlamento andaluz la necesidad de que a las viviendas que en Plan General se recojan como urbanizables/urbanas no consolidadas se les paralicen los expedientes y multas hasta que se regularicen y legalicen.
Problemas con los contenedores y socavones
Los vecinos de la Cañada del Verdugo han denunciado en numerosas ocasiones los problemas que tienen con los socavones en los caminos, que apenas permiten circular a los vehículos, y la falta de contenedores adecuados para la basura.
Con contadores en la puerta pero sin servicios
Castro denuncia que hay situaciones que claman al cielo, como que muchos vecinos cuenten con contadores de luz y agua para sus viviendas, pero en cambio no puedan solicitar a las suministradoras estos servicios, porque la ley no lo permite.
La desesperación llega con las sanciones de derribo
La desesperación de los ciudadanos llega con las sanciones de derribo, puesto que se han abierto expedientes disciplinarios cuando la gente estaba ya viviendo en dichos espacios y no cuando se comenzaba a construir, por lo que se alargaba el proceso de prescripción.
