La diputada provincial Elena Amaya se ha reunido en el cementerio de San José, en Cádiz, con la portavoz de la asociación SOS Bebés Robados, Chary Herrera, para conocer el estado actual de la exhumación de sepulturas que promueve este colectivo. Este proceso lo impulsan 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987; bebés cuyo fallecimiento fue declarado oficialmente pero que, sospechan, fueron entregados a otras familias.
La portavoz de SOS Bebés Robados Cádiz ha confirmado que, de momento, han aparecido “cuatro cajas vacías y otros cinco niños no están en los hoyos donde estaban registrados”. Nueve casos que, a juicio de Chary Herrera, “confirman que en la provincia de Cádiz se han robado niños”.
Diputación, a raíz de un convenio alcanzado en julio con SOS Bebés Robados, participa en esta iniciativa con una aportación de fondos que permite la contratación de dos profesionales: una psicóloga que atiende a los familias “que lo pasan realmente mal y sufren situaciones muy delicadas”, -según ha explicado Chary Herrera- así como un antropólogo que determina las semanas de gestación de los huesos que se están recuperando.
Elena Amaya ha mostrado la predisposición de Diputación a seguir colaborando y fortalecer una unidad institucional donde convergen el Ayuntamiento de Cádiz, la empresa Cemabasa, la Junta de Andalucía y la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz. Responsables municipales como el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, o representantes de la Plataforma, como Antonio Chico, participaban en esta visita al cementerio personificando dicha unidad. Junto a Elena Amaya también comparecía personal técnico del servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz.
Los detalles de la intervención -que se practica en los patios 3, 4 y 5 del cementerio ya clausurado- han sido precisados por el arqueólogo municipal José Gener. Excavaciones que inciden en sepulturas dispersas que hay que reconstruir por estratos. Ya se han resuelto las exhumaciones solicitadas por 31 familias si bien sólo la identificación genética mediante el cotejo de ADN podrá establecer si hay vínculo entre los restos óseos y dichas familias. La intervención comenzó el 20 de octubre de 2017.
