El abogado de los afectados, Antonio Viñas, negó el anuncio realizado por el Ayuntamiento, el día 31 de agosto, en relación con el comienzo de los trabajos en el plazo de 30 días.
Al respecto, el letrado recordó ayer que, “hasta el comienzo de las obras no habrá un andamio menos aparatoso” y serán “el arquitecto y la dirección técnica de la obra los que deberán tomar esa decisión”. Para ello, “el representante de Somixur, el de la constructora y vecinos deberán ponerse de acuerdo.
Viñas destacó que, estaba previsto que “a principios del presente mes de septiembre comenzaran las obras”. A partir de ese momento, “se contemplaría un plazo de 30 días para ejecutar la demolición y dos meses para la nueva construcción”.
Por tanto, “ahora estamos ya casi a mediados de septiembre y aún no hay fecha para el comienzo de los trabajos, por lo que los plazos” antes reseñados, “empezarán a contar cuando se inicien las obras”. Además, añadió el letrado, “hay que tener también presente que los vecinos deberán estar realojados para que puedan comenzar los trabajos” de rehabilitación.
Realojos
Cabe recordar que, en total son cinco las familias afectadas por las deficiencias de la fachada, además de un local y una oficina situada en la entreplanta del edificio. En este sentido, sobre los realojos, Viñas incidió en que, “el administrador concursal es el encargado de buscar las viviendas para los afectados y, en la actualidad, está en período vacacional”.
No obstante, el abogado puso de manifiesto la “preocupación de los vecinos, porque no ven una solución a corto plazo” para su problemática.
“Desde junio han pasado ya muchos meses y ahora se acercan las lluvias cuando aún hay que demoler la fachada, por lo que el edificio quedará entonces sin protección, lo que propicia que los afectados estén preocupados porque el inmueble sufra más daños aún, derivados del tiempo en que permanezca sin la fachada”, añadió.
Por último, Viñas anunció que se reunirá con la administradora del edificio, Irina Fernández de la Cruz, para tratar el tema de las actas notariales que tienen previsto levantar los residentes en el edificio, en relación con las deficiencias que presentan las casas.
