El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), a través de su concejal José Blas Fernández, ha pedido explicaciones urgentes al alcalde –y por extensión a la concejala Eva Tubío- sobre el expediente de Intervención que señala hasta siete irregularidades en el convenio establecido –que al parecer no firmado- entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Colegio Profesional de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cádiz presidido por Pilar Tubío, hermana de la edil del Equipo de Gobierno.
Los populares han señalado que la información conocida hoy por los medios de comunicación establece una situación muy grave ya que es la propia Intervención Municipal la que se plantea que estamos ante una subvención “disfrazada de convenio” para una entidad representada por un familiar de una concejala. El GMPP cree que no es de recibo que hasta en tres ocasiones se haya intentado por parte de Servicios Sociales burlar los controles de Intervención para conceder una subvención a esta entidad a pesar de las reiteradas objeciones legales que se ponían desde ese departamento.
“El alcalde tiene que dar explicaciones convincentes y de manera urgente sobre un caso en el que se ha intentado burlar el trámite legal del Ayuntamiento para favorecer a una entidad que preside un familiar de una concejala” indicó José Blas Fernández. El edil redundó en esta petición añadiendo que “el primer edil es el último responsable de este intento de beneficiar a unos con dinero público disfrazando subvenciones con convenios o contratos menores en lo que supone una chapuza más de la gestión de Podemos en esta ciudad”.
Responsabilidad como colegiados
El concejal popular José Blas Fernández también señaló que hará llegar al Consejo General de Trabajo Social Nacional y de Andalucía la información y el expediente de Intervención en el que se cuestiona la relación entre el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz y el Ayuntamiento en lo que puede suponer “un claro ejemplo de irregularidades por parte de colegiados profesionales de esa entidad que pone en entredicho el buen nombre de todo un colectivo. No es la primera vez que se cierne la duda sobre la labor de la presidenta de esta institución que parece utilizar el Colegio de Cádiz para sus fines políticos más que para ayudar a los profesionales de ese campo en la provincia”.
